La investigación por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar abrió una causa mucho más amplia que ya no se limita a determinar cómo murió, sino que busca reconstruir una presunta red de robo de fármacos, fiestas privadas con anestésicos y posibles responsabilidades dentro y fuera del Hospital Italiano. En el centro del expediente aparecen, por ahora, dos médicos: Hernán Boveri y Delfina Lanusse.

El caso empezó a tomar otra dimensión después de que Zalazar fuera hallado muerto el 20 de febrero en su departamento de Palermo. La autopsia confirmó que sufrió una congestión, edema pulmonar y meningoencefálico provocados por el consumo de propofol y fentanilo, dos sustancias de uso estrictamente médico que no se consiguen en farmacias y que están ligadas al ámbito de la anestesiología.

La muerte que abrió una causa más grande

En el lugar donde fue encontrado el cuerpo, los investigadores detectaron insumos pertenecientes al Hospital Italiano. Ese dato fue clave para abrir una línea paralela en la causa, ya no enfocada solo en la muerte del médico, sino también en un posible desvío de medicamentos desde la institución hacia un circuito clandestino.

La denuncia del propio hospital reforzó esa sospecha. En un comunicado, la dirección informó que había tomado medidas internas, apartado a los profesionales involucrados y comenzado procedimientos para evitar que una situación similar se repitiera. A partir de ahí, la causa empezó a correrse del hecho puntual para meterse en una trama más amplia.

Quiénes están bajo sospecha

La investigación quedó en manos del juez de instrucción Martín Sánchez Sarmiento y del fiscal Lucio Herrera. En ese marco, Hernán Boveri y Delfina Lanusse ya fueron indagados por Zoom y negaron las acusaciones. Ambos anticiparon que presentarán escritos en su defensa y, mientras avanza el expediente, la Justicia les prohibió salir del país.

Hasta ahora son los únicos investigados por administración fraudulenta de drogas y por la posible organización o comercialización de encuentros en los que se habrían utilizado insumos hospitalarios para inducir “viajes controlados”. Boveri era uno de los anestesiólogos más reconocidos del Hospital Italiano, con participación en ámbitos científicos y profesionales de peso. Lanusse, en tanto, era residente de tercer año de anestesiología.

El celular de Zalazar, una pieza clave

Uno de los próximos movimientos del expediente apunta al teléfono de Zalazar, encontrado junto a su cuerpo. La Justicia considera que su contenido puede ser determinante para saber con quiénes hablaba, qué relación tenía con las sustancias halladas y si existía conexión directa con las fiestas privadas que ahora están bajo la lupa.

Ese peritaje será realizado por especialistas informáticos y aparece como una de las medidas más sensibles de la causa. La expectativa judicial es que de allí puedan surgir mensajes, contactos o elementos que permitan establecer si había más personas involucradas y cómo funcionaba, en caso de existir, el circuito detrás de estas reuniones.

Qué era la llamada “Propofest”

La causa ganó exposición pública cuando empezó a circular un audio de WhatsApp en el que se describían encuentros privados conocidos como “Propofest”. Según ese relato, se trataba de reuniones reducidas entre médicos o personas del entorno, en las que se utilizaban fármacos anestésicos para experimentar efectos controlados.

En esa descripción aparece una figura central: la del “controlador”, un especialista que estaría presente para intervenir en caso de una emergencia derivada del consumo de esas sustancias. A partir de ese audio, la Fiscalía busca determinar si se cobraba por esos encuentros, si había un esquema organizado detrás y si las drogas usadas provenían del sistema de salud.

El rol de la asociación de anestesistas

Otra institución que quedó vinculada a la causa es la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires. Su sede de Caballito fue allanada el 1 de abril por la Policía de la Ciudad, con el objetivo de secuestrar documentación relacionada con los profesionales investigados. Y así obtener material de interés para el expediente.

El abogado de la entidad, Eduardo Gerome, aclaró públicamente que la asociación no está imputada, sino que interviene como denunciante y colaboradora. También indicó que la institución entregó la información requerida y confirmó que tanto Boveri como Lanusse habían sido convocados por sus directivos para dar explicaciones, aunque evitó dar detalles sobre esas conversaciones.

Una causa que todavía puede crecer

Por ahora, la investigación tiene dos imputados y muchas preguntas abiertas. La Justicia quiere saber si hubo más responsables en el robo de fármacos. También si existió una red cerrada de médicos o allegados que participaban de estas fiestas y si la muerte de Zalazar tuvo relación.

Lo que empezó como una causa por una sobredosis fatal se convirtió en un expediente más incómodo y complejo. Ya no se discute solo cómo murió un anestesista, sino si detrás de ese final había una estructura clandestina sostenida con insumos médicos. También contactos profesionales y un silencio que recién ahora comenzó a romperse.