El Gobierno anunció que enviará al Congreso un paquete de reformas que incluye cambios en privatizaciones, propiedad privada, tierras rurales, desalojos y pensiones. La presentación estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó que las iniciativas apuntan a modificar reglas clave para atraer inversiones y reordenar el gasto estatal.

Uno de los proyectos propone destinar el 10% de los ingresos obtenidos por privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para defensa. En paralelo, el oficialismo busca reforzar el derecho de propiedad con una ley que limite las expropiaciones a casos “estrictamente excepcionales” y eleve las indemnizaciones a los afectados.

Adorni justificó estos cambios al señalar que la “inseguridad jurídica” fue un obstáculo histórico para la inversión. “La imprevisibilidad en los contratos perjudicó la creación de empleo y afectó tanto a propietarios como a inquilinos”, sostuvo durante la conferencia.

Otro de los ejes centrales es la reforma de la ley de tierras rurales. El Gobierno impulsará la eliminación de restricciones para la compra de campos por parte de extranjeros, con el objetivo de facilitar el ingreso de capital en sectores estratégicos como energía, minería y agroindustria. “No podemos permitir que por un capricho ideológico se frenen inversiones”, planteó el funcionario.

En materia habitacional, el paquete incluye cambios en el régimen de desalojos. La propuesta busca acelerar los procesos judiciales y reducir los plazos para la restitución de inmuebles. “Necesitamos una vía sumarísima que permita recuperar propiedades en menos de cinco días”, afirmó Adorni.

También habrá modificaciones en el sistema de pensiones por discapacidad. El Ejecutivo pretende endurecer los requisitos de acceso y revisar los beneficios vigentes. “Vamos a dar aumentos solo a quienes tengan incapacidad real para trabajar”, señaló el jefe de Gabinete, al cuestionar irregularidades en otorgamientos previos.

El plan suma además la concesión por 30 años del complejo Chapadmalal, con la intención de atraer inversión privada para su puesta en valor y reducir costos estatales. Según el Gobierno, el esquema permitirá mantener el acceso público al predio.

En paralelo, Adorni confirmó que el Ministerio de Justicia avanzará con el envío de 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores al Senado, en un intento por cubrir vacantes y normalizar el funcionamiento del sistema judicial.