La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial deberá analizar si corresponde avanzar con el embargo de parte de los ingresos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El planteo de la Justicia surge de un conflicto judicial iniciado por el empresario Guillermo Tofoni, quien reclama derechos económicos derivados de un contrato de exclusividad firmado en 2021 para la organización de partidos amistosos de la selección argentina. El caso volvió a cobrar impulso después de que el juez comercial Javier Cosentino concediera la apelación contra el rechazo inicial de la medida cautelar.

El empresario busca que se retenga de manera preventiva el 30% de los ingresos internacionales de la AFA, argumentando que ese porcentaje corresponde al acuerdo firmado con su empresa World Eleven. El juez de primera instancia había rechazado el pedido el pasado 9 de marzo, pero ahora el expediente pasará a revisión de la Cámara Comercial. Los abogados de Tofoni sostienen que la negativa judicial le provoca un “gravamen irreparable”, ya que podría impedir el eventual cobro si la causa se extiende en el tiempo.

El contrato que originó el conflicto

El origen del litigio se remonta al 4 de mayo de 2021, cuando se firmó un contrato que otorgaba a Tofoni y a su compañía la exclusividad para organizar los amistosos de la selección argentina en el exterior. A cambio de esa gestión comercial, el acuerdo establecía que el empresario recibiría el 30% del producido neto generado por esos encuentros internacionales. Con el paso del tiempo, la AFA desconoció la validez legal del documento, lo que dio lugar al conflicto judicial.

En el expediente se incorporó una pericia caligráfica oficial para determinar la autenticidad de las firmas que aparecen en el contrato. El informe presentado el 29 de diciembre de 2025 por la perito Liliana Quintana concluyó que las firmas pertenecen efectivamente a Claudio Tapia, presidente de la AFA, y a Pablo Toviggino, actual tesorero de la entidad. Sin embargo, la defensa de la asociación cuestionó ese informe pericial y mantiene su postura de que el acuerdo carece de validez jurídica.

Por qué el juez rechazó el embargo

A pesar de la pericia que avala la autenticidad del documento, el juez Cosentino consideró que todavía no existen elementos suficientes para ordenar una retención de fondos. En su resolución señaló que la causa se encuentra en plena etapa de producción de pruebas y que todavía no se puede tener por acreditado el derecho reclamado por el empresario. En consecuencia, concluyó que no se verificaba el requisito de “peligro en la demora” necesario para dictar una medida cautelar.

El magistrado también sostuvo que la demora propia de un proceso judicial no implica necesariamente que una futura sentencia resulte imposible de ejecutar. Según su interpretación, el temor de que los fondos puedan desaparecer o volverse inaccesibles debe ser concreto y actual para justificar un embargo preventivo. Esa evaluación fue la que motivó el rechazo del pedido en primera instancia y derivó en la apelación presentada por la defensa de Tofoni.

El circuito financiero bajo análisis

El reclamo judicial pone especial foco en el rol de Tourprodenter LLC, una empresa estadounidense que funciona como agente de cobro internacional para la AFA. La firma está dirigida por Erica Gillette, esposa del empresario teatral Javier Faroni, y aparece mencionada en el último balance de la asociación como el mayor deudor de la entidad. Según los documentos presentados en la causa, el saldo a favor de la AFA con esa compañía alcanzaría los 13.296 millones de pesos.

En el expediente también se menciona un contrato con una empresa china que habría fijado un pago de siete millones de dólares por un acuerdo comercial. Ese dinero, según la presentación judicial, debía transferirse a una cuenta de Tourprodenter en el banco estadounidense Synovus. Además, el escrito sostiene que desde esa empresa se realizaron pagos vinculados a gastos personales, como el alquiler de un yate utilizado por Claudio Tapia durante una estadía en Mónaco.

Otros intermediarios y cuestionamientos

La demanda también menciona el rol de otras compañías intermediarias que habrían participado en la gestión de contratos vinculados a la selección argentina. Entre ellas aparecen Odeoma Gestión SL, Q22 Services Limited y Stratega Group, firmas vinculadas al empresario Marcelo Saracco. Según la presentación judicial, estas empresas habrían canalizado ingresos superiores a los 50 millones de dólares a través de cuentas radicadas en Europa.

El expediente incorpora además antecedentes de actuaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) relacionadas con la situación institucional de la AFA. El 25 de febrero de 2026, el ex titular del organismo Daniel Vítolo solicitó la intervención administrativa de la asociación con el objetivo de investigar la falta de balances y auditar las operaciones financieras vinculadas al matrimonio Faroni-Gillette.

Una decisión que ahora queda en manos de la Cámara

Con la apelación concedida por el juez Cosentino, el expediente pasará ahora a manos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que deberá revisar la decisión tomada en primera instancia. Los jueces del tribunal deberán determinar si existen fundamentos suficientes para ordenar la retención preventiva de los fondos reclamados por el empresario. La resolución será clave para definir el rumbo del conflicto judicial entre Tofoni y la AFA.

Mientras tanto, la selección argentina continúa con su calendario internacional y se prepara para disputar un amistoso el 31 de marzo en el estadio Lusail. El eventual embargo de ingresos vinculados a esos encuentros forma parte del núcleo del reclamo presentado por el empresario. La decisión que adopte la Cámara podría tener impacto directo en el manejo de los ingresos comerciales del seleccionado nacional.