Reordenamiento en Nación: se fue el titular del RENAPER y oficializaron otras tres salidas clave
El Gobierno nacional oficializó la renuncia de Pablo Luis Santos como director del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), quien dejará su cargo a partir del 1° de febrero. En su reemplazo fue designado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, según se formalizó en el Boletín Oficial, donde el Ejecutivo agradeció a Santos por “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

Los movimientos no se limitaron al organismo encargado de la documentación de los argentinos. También se formalizó la salida de Paul Starc al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado. La semana pasada el Ministerio de Justicia había anticipado su renuncia por motivos personales y confirmó que será reemplazado por Ernesto Gaspari, a quien en Nación vinculan con el secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra.
Starc había asumido en la UIF un año atrás, tras la salida de Ignacio Yacobucci, y dentro del oficialismo era identificado como cercano al asesor presidencial Santiago Caputo. Pese a su alejamiento, desde la Casa Rosada negaron conflictos y sostuvieron: “Se fue por una decisión personal”. Además, el exfiscal pasará a integrar el directorio del BICE, el Banco de Inversión y Comercio Exterior que depende del Ministerio de Economía. En el oficialismo remarcaron que, de haber existido una mala salida, no se le habría ofrecido ese lugar.
El reordenamiento también alcanzó a la Secretaría de Transporte. El Ejecutivo designó a Fernando Herrmann al frente del área y aceptó la renuncia de Luis Pierrini, quien dejó el cargo por motivos personales. En paralelo, se produjo un cambio en el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS): se aceptó la renuncia de Carlos Alberto María Casares como interventor y se nombró en su lugar a Marcelo Alejandro Nachón, quien, según el decreto, “reúne los antecedentes que justifican su postulación”.
Con estos decretos, el Gobierno concretó una serie de cambios simultáneos en áreas sensibles del Estado, que van desde la identificación de personas y el control del lavado de dinero hasta el transporte y la regulación del gas, en un nuevo reacomodamiento del organigrama nacional.
