La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°9 impulsó una ampliación de la investigación por presunto lavado de activos en la causa que tiene como imputados a Luciano Pantano y a su madre, Ana Conte, por el origen de los fondos utilizados para comprar una mansión en Pilar valuada en USD 17 millones.

El fiscal Jorge Dahl Rocha presentó un dictamen ante el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky y pidió medidas de prueba vinculadas a posibles intermediarios financieros en el exterior, tras una ampliación de denuncia que incorporó nuevos elementos sobre el circuito del dinero.

Qué sostiene la denuncia que motivó el pedido de la Fiscalía

Según lo expuesto en la ampliación de denuncia, entre 2021 y 2025 habría funcionado una red de intermediarios financieros fuera del país que canalizó más de USD 300 millones por fuera del circuito bancario argentino, con el argumento del cepo cambiario y mediante esquemas con comisiones de hasta el 30%.

En ese marco, se planteó la hipótesis de una estructura diseñada para desviar y ocultar fondos y se mencionó una presunta conexión con operaciones vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Offshore, transferencias millonarias y contratos bajo la lupa

En el dictamen se mencionaron firmas constituidas en Estados Unidos, Europa y jurisdicciones consideradas de baja transparencia. La denuncia sostiene que varias de esas sociedades no tendrían actividad real, pero habrían recibido transferencias millonarias sin respaldo económico verificable.

Entre los nombres citados aparecen Q22 Services Limited, Stratega Consulting USA LLC, Odeoma Gestión SL y TourProdEnter LLC, vinculada al empresario teatral Javier Faroni, que habría actuado como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior desde fines de 2021.

Pagos “sin causa” y sociedades sin actividad visible

Otro de los ejes del planteo fiscal apunta a movimientos de fondos hacia sociedades extranjeras y locales que, según la denuncia, no tendrían operaciones genuinas. En esa línea, se incluyó el caso de pagos por más de USD 4 millones a Dicetel Corp, por presuntos “servicios de consultoría intangible”, sin que existieran elementos que los respalden.

Además, se mencionaron otras firmas registradas principalmente en Florida, señaladas como sociedades “pantalla”, utilizadas para desviar fondos hacia cuentas en el exterior.

La compra del inmueble en Pilar y los pedidos de la Fiscalía

El expediente original se centra en la compra de la quinta en Pilar a través de Real Central S.R.L. y en la presunta falta de justificación económica de quienes figuran como responsables de la operación.

Ante los nuevos elementos, el Ministerio Público solicitó verificar domicilios y vínculos reales de personas incorporadas en la denuncia, pedir informes sobre las sociedades mencionadas, y evaluar una ampliación de imputaciones en caso de confirmarse los hechos.

Según planteó el fiscal, se trata de un “complejo entramado societario y económico” que excede el foco inicial del caso y, por su alcance, amerita profundizar la investigación.