Constitucionalistas cuestionaron el DNU de Javier Milei que amplía las facultades de la SIDE
Dos reconocidos constitucionalistas se manifestaron en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, que introduce cambios en el sistema de Inteligencia y amplía las atribuciones de la SIDE.
Se trata de Daniel Sabsay y Alejandro Gil Domínguez, quienes coincidieron en cuestionar tanto el contenido de la norma como el uso de la herramienta del DNU para avanzar con la reforma.
Críticas al uso del DNU y al alcance de la reforma
Sabsay puso el foco en la falta de justificación institucional para recurrir a un decreto de necesidad y urgencia y sostuvo que la iniciativa contiene disposiciones que vulneran principios constitucionales básicos. En ese sentido, reclamó la intervención del Poder Judicial.
“Ni necesidad ni urgencia en el DNU que modifica el sistema de inteligencia del país. Concede facultades extraordinarias al Presidente, entre otras aberraciones, como permitir que un funcionario pueda detener personas en la vía pública. Espero que la Justicia declare la inconstitucionalidad”, expresó el constitucionalista a través de su cuenta en la red social X.
Rechazo al apartado de contrainteligencia en el sector público
Por su parte, Gil Domínguez cuestionó especialmente el artículo que habilita tareas de “contrainteligencia” dentro del Sector Público Nacional, con el objetivo declarado de prevenir infiltraciones, fugas de información clasificada, espionaje o sabotaje.
Para el jurista, ese punto del decreto representa un retroceso institucional y recordó prácticas del pasado reciente del país. “Esto se hacía durante la dictadura militar en los colegios secundarios y en las universidades públicas para marcar a las personas por lo que pensaban, decían o por cómo se vestían”, afirmó, también a través de X.
Las críticas de ambos constitucionalistas se suman a los cuestionamientos que comenzó a generar el DNU en distintos sectores políticos y académicos, mientras se espera una eventual judicialización de la norma y su análisis en el Congreso.