El Gobierno nacional avanzó este viernes con una reestructuración integral de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a través de un decreto de necesidad y urgencia que modifica la Ley 25.520. La medida redefine el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional, unifica competencias y amplía el rol del organismo, que pasará a tener el control directo de toda la estructura de inteligencia del país.

El decreto reorganiza internamente la SIDE, elimina algunas áreas y refuerza su capacidad de coordinación, supervisión y control. Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma apunta a modernizar el sistema, clarificar funciones, evitar superposiciones y adecuarlo a las amenazas actuales, con mayores mecanismos de control institucional.

Uno de los puntos más sensibles del DNU es que todas las actividades de inteligencia pasan a ser consideradas “encubiertas”. El Gobierno justificó esta decisión en la necesidad de proteger información sensible y reducir riesgos estratégicos para el país.

Además, el decreto habilita a los agentes de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia o por orden judicial. En esas situaciones, deberán dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad correspondientes.

Entre los cambios estructurales, el DNU disuelve la Agencia de Seguridad Nacional y crea la Agencia Nacional de Contrainteligencia, que tendrá como misión prevenir amenazas como espionaje, sabotaje, injerencia externa y operaciones de influencia que puedan afectar el orden constitucional o los intereses estratégicos. Las acciones de contrainteligencia deberán aplicarse en todo el sector público nacional.

En materia digital, el Gobierno separó formalmente la ciberseguridad de la ciberinteligencia. Se creó el Centro Nacional de Ciberseguridad, que dependerá de la Jefatura de Gabinete, mientras que la ex Agencia Federal de Ciberseguridad fue transformada en Agencia Federal de Ciberinteligencia, bajo la órbita de la SIDE y con foco exclusivo en el ciberespacio.

Otro cambio relevante es la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. A partir de ahora, toda la inteligencia estratégica militar quedará bajo la órbita del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de simplificar la estructura y evitar duplicaciones.

Con la nueva normativa, la SIDE pasa a conducir de manera directa el Sistema de Inteligencia Nacional, a aprobar y controlar los presupuestos del área —incluidos los gastos reservados— y a requerir información a organismos del Estado nacional, provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El DNU también crea dos ámbitos de articulación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, integrada por organismos de inteligencia, Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y la Unidad de Información Financiera; y la Comunidad Informativa Nacional, que incorpora áreas como Migraciones, Renaper, Aduana, Cancillería y sectores vinculados a energía, lo nuclear y el espacio, con el objetivo de centralizar información estratégica.

Por último, el decreto modifica el sistema de designación y remoción de los titulares de los organismos desconcentrados de la SIDE, una facultad que deja de estar en manos del Poder Ejecutivo y pasa al secretario de Inteligencia.

Desde el Gobierno aseguran que la reforma busca legitimar y profesionalizar el sistema de inteligencia, separarlo de funciones policiales y alinearlo con estándares contemporáneos, aunque varios de sus puntos ya generan debate político y jurídico.