El Gobierno analiza incluir en la reforma laboral una medida que generó fuerte preocupación en la CGT: exigir que los representantes gremiales pidan autorización previa para realizar asambleas en los lugares de trabajo. El objetivo, según fuentes oficiales, es evitar que esas reuniones se conviertan en protestas encubiertas o afecten el funcionamiento de las empresas.

La propuesta figura en un borrador que aún no pasó todas las instancias del Consejo de Mayo, pero ya despertó resistencia sindical. Se trata de una versión más estricta del artículo 20 bis del DNU 70, que había sido suspendido por la Justicia tras un amparo presentado por la CGT por “inconstitucional”.

Aquel decreto dictado por Javier Milei establecía que los delegados y comisiones internas podían convocar asambleas “sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”. Sin embargo, para la CTA Autónoma, implicaba una restricción al derecho de acción colectiva.

Cuando el Gobierno presentó la primera versión de la Ley Bases, el mismo artículo fue incluido nuevamente, pero luego eliminado para evitar trabas legislativas y conseguir el apoyo del sindicalismo.

El nuevo enfoque: autorización previa y control empresarial

Ahora, la administración libertaria planea exigir que los gremios soliciten permiso a las empresas antes de convocar una asamblea. Desde la Casa Rosada justifican la iniciativa en base al conflicto aeronáutico del año pasado, cuando sindicatos del sector paralizaron vuelos mediante asambleas “informativas” que, en la práctica, funcionaron como paros encubiertos.

Actualmente, el artículo 23 inciso e de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales establece que los gremios tienen derecho a “realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa”. Según fuentes sindicales, “las asambleas se notifican para que los trabajadores puedan participar, y en la práctica el empleador queda informado”.

Críticas sindicales y respaldo empresarial

En la CGT temen que la iniciativa busque debilitar la capacidad de movilización y disciplinar la protesta en los lugares de trabajo. Para los empresarios, en cambio, se trata de una forma de ordenar el derecho de reunión y evitar los llamados “bloqueos indirectos”. Una práctica señalada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB).

Un antecedente similar fue la disposición 40/2012 del gobierno porteño, que exigía a los gremios notificar con 72 horas de anticipación las asambleas dentro de las dependencias del Estado y garantizaba que no interfirieran en las tareas cotidianas.

Los defensores de la medida citan la Ley para la Mejora del Crecimiento y del Empleo vigente en España. Y que exige informar al empleador sobre la convocatoria, el temario y los asistentes externos a la empresa. En ese modelo, se busca asegurar la normalidad de las actividades durante las reuniones.