La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de 14 exfuncionarios de Vialidad de Santa Cruz y de un técnico vinculado al empresario Lázaro Báez, al considerar que cada uno de ellos tuvo un rol determinante en las maniobras que favorecieron de manera irregular al grupo Austral Construcciones durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El fallo, dictado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, integrantes de la Sala II, ratificó el criterio del magistrado Julián Ercolini, quien los había acusado de fraude en perjuicio de la Administración Pública. Además, el tribunal dispuso un embargo conjunto de 8.000 millones de pesos sobre los bienes de los imputados.

Omisión de controles y direccionamiento de obras

Según la resolución judicial, los acusados omitieron controles clave y verificaciones obligatorias que debían garantizar la transparencia en los procesos de licitación. Esa falta de supervisión permitió, de acuerdo con los camaristas, el direccionamiento sistemático de contratos hacia las empresas de Báez, en un esquema sostenido durante más de una década.

Los magistrados remarcaron que el patrón de adjudicaciones incluyó participaciones simultáneas de las mismas firmas, pagos anticipados, prórrogas injustificadas y montos que excedían la capacidad técnica de las constructoras. “La repetición de estas prácticas demuestra que no se trató de irregularidades aisladas ni de errores administrativos, sino de un mecanismo estructurado para beneficiar a un grupo empresario”, concluyó el tribunal.

Los implicados y el alcance del fallo

Entre los procesados se encuentran Guillermo Fabián Torres, Orlando Marino Taboada Ovejero, Jorge Ricardo Pasiecznik, Víctor Hugo Paniagua, Claudia Oliva, Gerardo Mansilla, Carlos Mancilla, Roberto Lillo, María Lorena Lencina Albornoz, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato, Guillermo Horacio Cantero, Alba Cabrera y Juan Gelves, además del técnico José Carlos Pistán, representante de las empresas de Báez.

La Cámara sostuvo que estos funcionarios provinciales integraron un engranaje esencial que facilitó la operatoria de corrupción en la obra pública santacruceña, vinculada directamente a la estructura nacional investigada en la causa Vialidad, en la que Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta.

Menor escala, pero mismo esquema

El tribunal consideró que, si bien los exfuncionarios provinciales no tuvieron la misma capacidad de daño económico que los responsables del nivel federal, su actuación fue decisiva para mantener el esquema ilícito en funcionamiento. En ese sentido, los camaristas ajustaron el monto de los embargos: los 8.000 millones de pesos dispuestos ahora contrastan con los más de 600 mil millones aplicados en el tramo principal de la causa.

La investigación describe un sistema sostenido en el tiempo, en el que la estructura de Vialidad santacruceña sirvió como soporte administrativo para las adjudicaciones irregulares. Según el fallo, estas maniobras se desarrollaron entre 2003 y 2015, consolidando un modelo de corrupción que utilizó los fondos públicos para beneficiar de manera reiterada a Austral Construcciones.

Avances judiciales y próximos pasos

Con la confirmación de los procesamientos, la causa derivada del expediente principal podrá avanzar hacia la etapa de juicio oral, en la que se analizarán las responsabilidades penales de los involucrados. El Ministerio Público Fiscal trabaja en la recolección de pruebas complementarias para sustentar las acusaciones en el debate oral.

En paralelo, la Cámara Federal de Casación ratificó recientemente la competencia del Tribunal Oral Federal N°2 para ejecutar el decomiso de bienes de los condenados en la causa madre, una medida que busca recuperar activos obtenidos mediante corrupción. La decisión refuerza la estrategia judicial de recuperar fondos públicos desviados durante los gobiernos kirchneristas.