La jueza Julieta Makintach, suspendida por haber participado en un documental durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, inició una nueva estrategia legal para esquivar el proceso de juicio político que se tramita en su contra. Apunta a que el gobernador bonaerense Axel Kicillof le acepte la renuncia que presentó a fines de junio.

Mientras el jury de enjuiciamiento avanza, la magistrada busca una salida menos traumática. El objetivo es claro: evitar ser juzgada por sus pares, lo que le impediría volver a ocupar cargos judiciales. Para eso, en los últimos días cambió de abogados y contrató al letrado Nicolás Urrutia, conocido por representar a Jésica Cirio en su divorcio con Elías Piccirillo.

Urrutia integra el estudio jurídico GCU, junto con Nicolás Corleto y Diego Guerendiain. Este último fue jefe de Gabinete del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, hasta mayo del año pasado. Según trascendió, su salida del cargo se produjo tras conocerse que habría hablado con jueces en nombre del Gobierno sin autorización.

Makintach y su equipo se enfocan ahora en dos frentes. Por un lado, la causa penal en su contra. Por otro, lograr que Kicillof firme el decreto que acepte su renuncia antes de que avance el jury. Sin embargo, fuentes cercanas al mandatario aseguran que no tiene intenciones de hacerlo.

El escrito de renuncia llegó a la Gobernación horas después de su presentación. Kicillof pidió asesoramiento a funcionarios judiciales para evaluar el caso y, por ahora, optó por no tomar una decisión. En este escenario, el proceso político continúa su curso y queda en manos de los legisladores que integran el jurado.

Entre sus allegados, la jueza insiste en que dará las explicaciones correspondientes. Asegura que no conocía a la productora del documental y que solo se vinculó con María Lía Vidal, su amiga de toda la vida. Según su versión, ninguna de las dos comprendía la magnitud del escándalo que podía generar la grabación.

Makintach prepara una presentación que podría tener impacto dentro del expediente judicial. No solo defendería su accionar, sino que también apuntaría a sus colegas del tribunal, los jueces Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino, de quienes sostiene que estaban al tanto de la presencia de cámaras en la sala.

Esa sospecha ya se encuentra bajo la lupa de los fiscales Amallo, Chaieb y Asprella, quienes conducen la causa en la Fiscalía N°1 de San Isidro. A ellos se sumaron en los últimos días nuevos testigos que también comprometieron a los magistrados.

En la presentación que trabaja Makintach, además de sostener que sus compañeros sabían de la grabación, insinúa que incluso otras figuras jerárquicas habrían estado al tanto del rodaje. La intención de la jueza es mostrar que no actuó sola y que el conocimiento sobre el documental iba más allá del tribunal.