«Obras paralizadas y rutas rotas»: gobernadores se rebelan por el abandono de la infraestructura nacional
La crítica situación de las rutas nacionales encendió una nueva señal de alerta entre los gobernadores del interior. Según el último Informe de siniestralidad vial elaborado por el Gobierno, casi un tercio de los accidentes automovilísticos fatales ocurridos en 2024 tuvieron lugar en caminos nacionales, lo que reactivó los reclamos de varias provincias por la reanudación de las obras públicas paralizadas.
Mientras tanto, el Gobierno de Javier Milei avanza con su plan de reconversión vial: cerrar la empresa estatal Corredores Viales y privatizar más de 14.000 kilómetros de rutas mediante concesiones sin subsidios. El contraste entre la emergencia vial y el modelo de desregulación propuesto generó tensiones incluso entre aliados.
La infraestructura en el centro del debate
Las estadísticas oficiales detallan que el 29% de las muertes por siniestros viales se registraron en rutas nacionales. Este panorama reavivó los reclamos al Ejecutivo nacional por parte de distintas provincias que denuncian abandono, falta de mantenimiento y peligros crecientes para automovilistas, camioneros y pasajeros de larga distancia.
Uno de los primeros en manifestarse públicamente fue el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien expresó en redes sociales: «Es el reflejo de un país donde Buenos Aires decide y las provincias pagan las consecuencias». Y agregó: «La Ruta 22, la 23, la 40 y la 151… heridas, rotas, olvidadas. Hace más de 15 años que estamos esperando. Gobiernos van, gobiernos vienen, y las promesas se archivan».
La escasez de obras y la presión desde las provincias
Weretilneck cuestionó la falta de inversión a pesar de que el Estado nacional recaudó más de 2 billones de pesos en 2024 por el impuesto a los combustibles, un tributo que por ley debería destinarse a infraestructura vial. También remarcó que las rutas nacionales son competencia exclusiva de la Nación y que su provincia no cubrirá con fondos propios la «desidia» de un gobierno ausente.
Santa Fe también elevó el tono. Carlos Torres, titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, se refirió a los baches, la falta de iluminación y el desmalezado en las rutas nacionales. «Lo que exigimos es tapar pozos, prender las luces y cortar el pasto», resumió, y sugirió que si la Nación no actúa, la provincia debería asumir las reparaciones «priorizando la vida de los santafesinos».
Mendoza asume tareas que eran del Gobierno nacional
El malestar incluso alcanzó a gobernadores alineados con el oficialismo. Alfredo Cornejo firmó un convenio para que Mendoza se haga cargo de 235 kilómetros de rutas nacionales. El acuerdo incluye tramos de la Ruta 7, la 143 y la 40. Si bien se espera recuperar la inversión mediante peajes o reintegros estatales, la provincia ya avanzó en tareas de repavimentación y mejora de señalización.
La presión llegó tras el pedido de legisladores mendocinos para que se declarara la emergencia en la Ruta Nacional 7, el principal corredor hacia Chile. La obra será provincial, pero los riesgos y la ejecución recaerán en la jurisdicción local. La decisión marca un precedente en la transferencia de responsabilidades.
El plan oficial: privatizar sin subsidios
Desde la Casa Rosada, la Dirección Nacional de Vialidad lanzó una serie de audiencias públicas para avanzar en la segunda fase de la Red Federal de Concesiones. El objetivo: privatizar más de 9.300 kilómetros de rutas estratégicas, actualmente bajo gestión de Corredores Viales S.A., una empresa estatal que será disuelta.
La resolución 827/2025 prevé concesiones en tramos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. Entre las vías destacadas están la autopista Riccheri, la Ezeiza-Cañuelas y segmentos de la Ruta 8 y la 9. El nuevo esquema dejará de lado los subsidios, obligando a los concesionarios a cubrir todos los costos con sus propios ingresos.
Audiencias públicas y cronograma de cambios
Las audiencias comenzaron en mayo y continuarán durante junio. Se escucharán aportes de usuarios, vecinos y especialistas en transporte. Además, se habilitó un Data Room con acceso a los pliegos preliminares y espacio para sugerencias de los futuros oferentes.
Según fuentes oficiales, el proceso de adjudicación concluirá entre septiembre y octubre. De avanzar como está planteado, el nuevo modelo reducirá el peso del Estado en el mantenimiento de rutas, volcando la gestión hacia el capital privado.
Obras paralizadas y sólo 18 proyectos nuevos
Mientras tanto, el balance de la obra pública sigue siendo negativo. Según datos de Chequeado, el Gobierno nacional inició apenas 18 obras durante los primeros cinco meses de 2025. A esto se suma la parálisis del 54% de los proyectos heredados de la administración anterior.
Para los gobernadores, el problema no es solo la falta de nuevas obras, sino la discontinuidad de las existentes. La falta de recursos, maquinaria y acuerdos interjurisdiccionales agrava la situación.
El trasfondo político y fiscal
La ofensiva oficialista también tiene un componente ideológico. El presidente Milei reafirmó que el Estado debe retirarse del financiamiento de la obra pública, bajo la premisa de combatir la «cartelización» y promover competencia entre empresas. Federico Sturzenegger, a cargo de la desregulación, presentó una nueva ley de contrataciones que reemplazará el esquema de obra tradicional.
El modelo aún enfrenta resistencias. Gobernadores, intendentes y usuarios de las rutas cuestionan si es posible garantizar seguridad vial, inversión sostenida y control de calidad en un sistema enteramente privado.
Un conflicto que atraviesa todo el país
La combinación de infraestructura deteriorada, escasa inversión nacional y disputas jurisdiccionales genera un mapa vial fragmentado y desigual. Las provincias con recursos buscan alternativas; las demás dependen de un Gobierno que, hasta ahora, prioriza la estabilidad macroeconómica antes que la inversión en rutas.
Desde la oposición, la crítica es contundente: «El país se sostiene sobre caminos rotos, con obras paralizadas y sin respuestas». El Gobierno, en cambio, apuesta a redefinir las reglas del juego. Pero el tiempo apremia, y las rutas no esperan.