Este viernes, José Fernando Orellana presentó su renuncia indeclinable a la Legislatura de Tucumán, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme su condena por abuso sexual simple. El exintendente de Famaillá envió una nota al presidente del cuerpo, Miguel Acevedo, en la que expresó que su decisión responde a «motivos de índole personal», y agradeció la confianza y el respeto de sus colegas durante su período legislativo.

La Corte Suprema desestimó el recurso de queja presentado por la defensa de Orellana, argumentando que la presentación no cumplía con los requisitos formales. De esta manera, quedó firme la sentencia dictada en 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29, que lo condenó a tres años de prisión en suspenso y a la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

El caso judicial

El hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2016 en uno de los Anexos de la Cámara de Diputados de la Nación. Según la investigación, la víctima, secretaria de una legisladora, ingresó al despacho de Orellana para informarle que había personas esperándolo. En ese momento, el entonces diputado la abordó, la sujetó y le dio besos en la oreja, mientras le decía frases insinuantes.

Inicialmente, en abril de 2018, el Juzgado en lo Criminal y Correccional N°6 decretó la falta de mérito en la causa, decisión que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones. Sin embargo, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº47 y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) apelaron, logrando que Orellana fuera procesado por abuso sexual simple y llevado a juicio oral.

Durante el juicio, el fiscal Sandro Abraldes destacó que Orellana se valió de su posición de superioridad jerárquica para intimidar a la víctima y concretar el acto sexual. La acusación se basó en el testimonio de la víctima y filmaciones que corroboraron su relato. Además, de un informe de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (DOVIC).

Escándalo político en Tucumán

La condena contra Orellana generó una fuerte repercusión política en la provincia. Su permanencia en la Legislatura pese al fallo había sido duramente cuestionada por referentes de distintos espacios, desde sectores del oficialismo provincial hasta bloques opositores. La presión pública y el costo político que implicaba sostenerlo en su banca se volvieron insostenibles tras la decisión de la Corte Suprema.

La situación provocó un fuerte malestar institucional en la Cámara y encendió un debate sobre los mecanismos de control interno. Incluso algunos legisladores habían anticipado su intención de impulsar una moción para solicitar su exclusión si no presentaba su dimisión. En paralelo, colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos exigieron su salida inmediata como gesto de respeto a la víctima. Y como señal política de que la Legislatura no podía dar amparo a un condenado por abuso sexual.

Próximo reemplazo en la Legislatura

Tras la renuncia de Orellana, su banca será ocupada por Patricia Lizárraga, quien le seguía en la lista Tucumán Innovador en las elecciones de 2023. Lizárraga fue intendenta de Famaillá entre 2015 y 2019 y es exesposa del actual jefe municipal de Famaillá, Enrique Orellana.