El Monotributo Social, pensado para trabajadores en situación de vulnerabilidad o desempleo, perdió al 60% de sus beneficiarios. La reducción se produjo tras un proceso de reempadronamiento que exigió nuevos requisitos, incluyendo el pago parcial de la obra social, algo que hasta entonces era completamente subsidiado por el Estado. Según el Ministerio de Capital Humano, quienes no cumplieron con las nuevas condiciones fueron dados de baja.

De esta manera, la cantidad de inscriptos pasó de 673.200 a 266.900. La medida se enmarca en una serie de ajustes aplicados sobre los programas sociales y responde a un rediseño del sistema de asistencia estatal.

El Monotributo Social está destinado a personas en situación de desempleo, beneficiarios de programas sociales o emprendedores de la economía popular. Permite acceder a servicios de salud, aportes previsionales y compatibilidad con otras asignaciones como la AUH, la Asignación por Embarazo y jubilaciones o pensiones que no superen el haber mínimo.

Al quedar excluidos del régimen, quienes no se reinscribieron o no pudieron afrontar el nuevo esquema de aportes perdieron el acceso a estos beneficios. Lo que genera un efecto inmediato en su cobertura social y previsional.

Un efecto que se vio en los números

El recorte no fue menor: provocó una retracción del 3,1% en el empleo registrado total, una variación inédita en términos mensuales. Mientras el empleo privado mostró un leve crecimiento del 0,1% —casi 6.000 puestos—, en otros segmentos más frágiles del mercado laboral, como trabajadores de casas particulares, monotributistas tradicionales y autónomos, se registró una caída de 5.500 empleos. Los datos confirman que la eliminación de estos beneficiarios modifica el mapa de la asistencia estatal. Además, también tiene un impacto estadístico directo sobre los indicadores del mercado de trabajo.