El exgobernador de Tucumán, José Alperovich, y su esposa, la exsenadora Beatriz Rojkés, fueron imputados en una causa por enriquecimiento ilícito, según determinó el fiscal federal Guillermo Marijuan. La investigación se centra en el notable incremento patrimonial que la pareja habría experimentado durante su paso por la función pública.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz, quien alertó sobre un crecimiento patrimonial «apreciable e injustificado» del matrimonio Alperovich-Rojkés y su entorno. La denuncia también alcanza a familiares y allegados, en el marco de una presunta estructura de ocultamiento de bienes.

El fiscal Marijuan dispuso avanzar en la investigación al detectar inconsistencias en la evolución patrimonial de los imputados. El delito de enriquecimiento ilícito se configura cuando un funcionario o exfuncionario no puede justificar el origen de su patrimonio con ingresos legítimos, y prevé penas de hasta seis años de prisión.

El análisis de la fiscalía abarcará declaraciones juradas, movimientos bancarios y adquisiciones de bienes realizadas durante el período en el que Alperovich fue gobernador de Tucumán (2003-2015) y Rojkés ocupó cargos legislativos, incluyendo la presidencia provisional del Senado. También se investigará si existieron maniobras para disimular el incremento patrimonial a través de testaferros o estructuras societarias.

Repercusiones y próximos pasos

La imputación de Alperovich y Rojkés se suma a otros procesos judiciales que enfrentó el exgobernador, entre ellos una causa por abuso sexual iniciada por una sobrina que trabajó como su asistente. En el plano político, la noticia genera impacto en Tucumán, donde Alperovich fue una de las figuras más influyentes durante más de una década.

Con la investigación en marcha, la justicia federal deberá avanzar con la recolección de pruebas, pericias contables y testimonios para determinar si efectivamente hubo un enriquecimiento ilícito. De confirmarse, el matrimonio podría enfrentar penas de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.