Este jueves comenzó el juicio oral y público contra la actriz Andrea del Boca, el exministro de Planificación Julio De Vido, el exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, la extitular del INCAA, Liliana Mazure, y otros seis exfuncionarios por presunta defraudación contra la administración pública. La causa investiga el financiamiento estatal de la telenovela Mamá Corazón y la serie El Pacto, que habrían sido realizadas con fondos públicos a través de contrataciones directas.

El juicio, que se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7), está a cargo de los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, con la participación de la fiscal Fabiana León. En la apertura de la audiencia, se leyeron los cargos por los que están acusados los imputados.

Según la acusación, Del Boca habría recibido financiamiento directo a través de la UNSAM sin licitación ni compulsa de precios. En el informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), se detalló que el contrato con su productora, A+A Group, incluía cláusulas arbitrarias. Por ejemplo, la exclusividad de 60 meses para la comercialización internacional de la telenovela, con posibilidad de prórroga por otros 60 meses.

El exfuncionario Luis Vitullo, quien trabajó en el Ministerio de Planificación, defendió el mecanismo de financiamiento utilizado. «Todo lo que se hizo fue aprobado por el presupuesto del Congreso de la Nación, que avaló un fondo para esta política pública, en convenio con universidades, canales públicos y el INCAA», aseguró. Además, afirmó que «no hubo desvío de fondos, cada gasto tiene una imputación». Y agregó que, si bien la producción fue completada, la falta de pago derivada de la causa judicial generó un perjuicio económico para el Estado.

El proceso judicial y las acusaciones

La causa se inició en 2016, tras una investigación que determinó que la productora de Del Boca había recibido más de 24 millones de pesos mediante un convenio con el Ministerio de Planificación y la UNSAM, sin que la telenovela llegara a emitirse.

En 2018, el juez federal Sergio Ramos procesó a los acusados, con embargos que alcanzaron los $60 millones para De Vido y $50 millones para Del Boca. En su fallo, Ramos sostuvo que la adjudicación a la productora de la actriz habría sido direccionada de manera arbitraria, sin transparencia ni competencia.

La Cámara Federal confirmó los procesamientos, señalando que el problema no radicaba en la firma del acuerdo con la UNSAM. En realidad, fue en la manera en que se estructuró para evadir controles y posibilitar un presunto desvío de fondos públicos.

El juicio se llevará a cabo de manera virtual con audiencias semanales y será transmitido públicamente en su apertura y cierre. En total, 97 testigos han sido citados, entre ellos los actores Marcelo Mazzarello y Fabián Mazzei, el conductor Fernando Dente, el ministro porteño Hernán Lombardi y el exministro de Cultura Tristán Bauer.

Investigación sobre «El Pacto»

Además de Mamá Corazón, la justicia investiga la producción de la miniserie El Pacto, financiada por el exMinisterio de Planificación a través del INCAA. Y cuya producción estuvo a cargo de la empresa Tostaki, que recibió 4,55 millones de pesos.

Según la acusación, la extitular del INCAA habría facilitado la asignación de fondos a la productora sin una licitación adecuada. En 2018, fue procesada y embargada en $5 millones por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El juez Ramos sostuvo que hubo «una innecesaria tercerización que desvió parte del dinero asignado al presupuesto del Ministerio de Planificación». Además, se cuestionó la participación de la UNSAM, que ofició como intermediaria en lugar de que la operación se realizara directamente con el INCAA.

El proceso judicial continuará en las próximas semanas con la declaración de testigos y el análisis de pruebas documentales. Mientras tanto, los acusados mantienen su postura de rechazar las acusaciones y sostener que los contratos se realizaron en el marco de políticas culturales vigentes.