El Gobierno avanzó en la intervención de la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) ubicada en Santa Cruz. El complejo comprende una central termoeléctrica para la generación de energía, abastecida a carbón de un yacimiento. Luego de tomar la misma decisión con el Banco Nación durante la semana pasada, el Ejecutivo transformó el complejo minero en sociedad anónima. El plan es sanearlo para luego privatizarlo. El decreto 115/2025 fue publicado esta madrugada en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Javier Milei. La empresa ya se encontraba incluida en la lista de compañías sujetas a privatización o concesión dentro de la Ley Bases.

“Establécese que la representación de los derechos derivados de la titularidad de las acciones por parte del Estado nacional en la sociedad objeto de la presente medida será ejercida de la siguiente manera: el 95 % de la participación accionaria estará representada por la Secretaría de Energía y el 5% restante, por la Secretaría de Minería, ambas dependientes del Ministerio de Economía”, señala el decreto. De este modo, será el ministro Luis Caputo el responsable de tomar las decisiones de la empresa hasta lograr la transformación.

Por el momento, existen tres grupos económicos dispuestos a quedarse con la empresa. No obstante, las acciones se limitará por ahora a sanear la compañía: presentar balances contables, modificar reglamentos internos y realizar auditorías. El decreto dispone un plazo de 60 días, prorrogable hasta 30 días más por única vez, para que la carboeléctrica eleve a la Secretaría de Hacienda el presupuesto correspondiente al año en curso. En ese sentido, se espera una importante reducción de gasto. Por otro lado, deberán presentar un plan de inversiones que permita cumplir con su objeto social en condiciones operativas esenciales.

Personal de la empresa

La compañía incluye una mina de carbón y dos centrales de generación de energía. Según fuentes del Ejecutivo, la sociedad mantendrá “con su personal una vinculación laboral de Derecho Privado”, por lo que los empleados quedarán sujeto a las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo. En Santa Cruz creen que la responsabilidad de la mina y de los trabajadores pasará a manos de la Provincia, mientras que la central pasaría a manos privadas. YCRT enfrenta un fuerte desequilibrio respecto a su plantilla de trabajadores. La empresa tiene actualmente una carga laboral desproporcionada para una operación que no está funcionando a plena capacidad. La acumulación de personal se convirtió en un obstáculo financiero de gran magnitud pero la empresa representa el sustento para las comunidades cercanas que dependen directamente de la actividad. A esto se suma la falta de inversión, problemas administrativos y manejos irregulares que derivaron en acciones judiciales.