El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, informó que el próximo lunes 24 de febrero, a las 15, se realizará la reunión de la Mesa del Salario Mínimo Docente Garantizado (SMDG) en la Secretaría de Trabajo. Del encuentro participarán los gremios docentes nacionales, el comité ejecutivo del Consejo Federal de Educación (CFE) —integrado por los ministros de Educación de las provincias— y representantes de las asociaciones de escuelas privadas, que tendrán voz pero no voto.

La convocatoria llega en un contexto de tensión, luego de que los gremios docentes alineados con la CGT anunciaran un paro nacional para ese mismo día y otro para el 5 de marzo, afectando el inicio de clases en gran parte del país.

Los gremios ratifican los paros y apuntan contra el Gobierno

Pese al llamado a la mesa de negociación, los sindicatos docentes de la CGT decidieron mantener las medidas de fuerza. Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT y líder de Unión Docentes Argentinos (UDA), confirmó que las huelgas seguirán en pie, afectando a 11 provincias el 24 de febrero y a otras siete el 5 de marzo.

Las provincias donde no habrá clases el próximo lunes son Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y Santa Cruz. En tanto, el paro del 5 de marzo impactará en la provincia de Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, hubo acuerdo salarial y el inicio del ciclo lectivo se desarrollará con normalidad.

Romero, en una conferencia de prensa en la sede de la CGT, justificó la medida de fuerza asegurando que el salario inicial docente está por debajo de la canasta básica y que la situación del sistema educativo es crítica. Afirmó que, de no haber una propuesta concreta, el plan de lucha se extenderá durante todo el año.

Más allá de los reclamos salariales, los gremios también intentan instalar otras demandas, como el estado de la infraestructura escolar y la falta de equipamiento. Sin embargo, resulta evidente que estas protestas responden más a una estrategia de presión política que a una preocupación real por la educación pública.