En la antesala del debate en el Senado sobre los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema, el Gobierno nacional modificó su postura y descartó la posibilidad de designar a Lijo por decreto en caso de que su nominación sea rechazada. Además, reconocieron que ya evalúan otros candidatos para ocupar la vacante.

La sesión en la Cámara Alta está prevista para el viernes y se anticipa reñida, con una votación ajustada que definirá el futuro de los nominados. Mientras tanto, en el oficialismo intentan contener el impacto del escándalo por la criptomoneda $LIBRA. Ahora descartan la alternativa de un decreto, pese a que en diversas ocasiones el presidente Javier Milei había sugerido esa posibilidad. No obstante, en Casa Rosada aseguran que mantienen en consideración al menos cinco nombres para reemplazar a Lijo si su pliego es rechazado.

Desde el oficialismo argumentan que un nombramiento por decreto podría generar incertidumbre jurídica y exponer las decisiones del magistrado a futuras impugnaciones. Sin embargo, no descartan recurrir a esa vía en el caso de García Mansilla.

Alternativas en análisis

En caso de que Lijo no obtenga el respaldo necesario en el Senado, el Gobierno se inclinaría por jueces con un perfil más afín al ideario libertario. «Si rechazan a Lijo, vamos a proponer a los jueces más libertarios que podamos encontrar», aseguró un asesor presidencial.

Entre los nombres que suenan con mayor fuerza figuran Ricardo Ramírez Calvo, cercano a García Mansilla, y Ricardo Manuel Rojas, exjuez penal y autor del libro La inflación como delito, a quien Milei había propuesto como Procurador del Tesoro antes de la designación de Santiago Castro Videla. Rojas rechazó ese cargo, aunque no está claro si en ese momento sabía que podría ser considerado para la Corte.

En la lista de posibles postulantes también aparecen Carlos Laplacette, quien fue mencionado previamente para encabezar la Procuración del Tesoro. Y Alberto Bianchi, abogado constitucionalista y autor de Recurso Extraordinario, obra de referencia para apelaciones ante la Corte Suprema. Con este escenario, el oficialismo enfrenta una prueba clave en el Senado, donde se definirá el rumbo de la composición del Máximo Tribunal. Y con ello, una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno en materia judicial.