El Gobierno nacional está en plena elaboración de un proyecto de ley denominado “Ley de igualdad ante la ley”, que busca derogar normativas consideradas «discriminatorias» por fomentar la llamada «discriminación positiva». La propuesta incluye la eliminación del cupo trans en el Estado, la emisión de DNI no binarios, la tipificación del femicidio y otras regulaciones orientadas a promover la paridad de género.

Según fuentes oficiales, esta iniciativa, que aún no tiene fecha definida para su presentación en el Congreso, se encuentra en etapa avanzada y podría llegar al recinto durante el período legislativo tradicional, probablemente en plena campaña electoral. El asesor presidencial Santiago Caputo lidera el equipo encargado de la redacción, junto a la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy.

Eliminación de normativas vigentes

El proyecto apunta a derogar varias leyes y decretos que, según la actual gestión, generan distorsiones y no representan un trato igualitario. Entre las medidas más destacadas se encuentra la propuesta de eliminar la Ley 27.636, que establece un cupo mínimo del 1% de los cargos del Estado para personas transgénero, así como la Ley 22.431, que obliga a destinar un 4% de los puestos públicos a personas con discapacidad.

Asimismo, se planea derogar el Decreto 476/2021, que permite la inclusión de la nomenclatura “X” en el DNI y pasaporte para personas no binarias, y anular la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, que obliga a la alternancia entre hombres y mujeres en las listas de candidatos.

Cambios en el Código Penal y la Ley Micaela

El proyecto también busca modificar la tipificación del «femicidio» en el Código Penal, argumentando que no debería haber diferencias en las penas según el género de la víctima. “No tiene sentido que una pena sea distinta dependiendo de si la víctima es hombre o mujer”, señalaron desde el entorno presidencial.

Además, la iniciativa plantea modificaciones a la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para quienes desempeñan funciones públicas. Según fuentes gubernamentales, el objetivo es priorizar una perspectiva de igualdad sin enfoques específicos basados en el género.

Impacto y alcance de la propuesta

Los funcionarios han subrayado que las reformas no tendrán carácter retroactivo, por lo que las personas que ya se hayan beneficiado con estas normativas, como quienes poseen un DNI no binario o accedieron al cupo trans, no se verán afectadas.

Por otro lado, el Gobierno aclaró que no se impulsarán cambios en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ni en el matrimonio igualitario, dejando fuera de esta discusión dos de las normativas más relevantes en materia de derechos durante los últimos años.