En el marco de la convención anual que reunió a empresarios del sector, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) advirtió sobre la grave situación que enfrenta el sector, caracterizada por despidos y cierre de empresas. La entidad exigió la reactivación de la obra pública y el pago de una deuda de $400.000 millones.

Jorge Garber, presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, expresó su preocupación al respecto. «La situación es tremendamente preocupante porque, por séptimo mes consecutivo, la construcción viene siendo la actividad con los peores índices. Es la que más aporta a la caída del PBI». Según Garber, la parálisis de la obra pública debido a la búsqueda del déficit cero y el equilibrio fiscal ha llevado a una caída del 50% en la inversión privada interanual, afectando gravemente al sector.

Garber destacó que para el gobierno provincial la obra pública es una política de Estado. «El gobernador está tratando con recursos provinciales de hacer malabares y de activar algunos proyectos». Asimismo, resaltó la importancia de la ley de emergencia en la obra pública sancionada por la Legislatura. Y que prioriza obras en Educación y Seguridad, entre otras áreas.

En cuanto a la situación en Tucumán, Garber mencionó que la provincia no es ajena a lo que ocurre en el resto del país. La paralización de pagos a los contratistas ha llevado a un desborde financiero, dejando a algunas empresas al borde de la convocatoria. Sin embargo, Garber espera que la firma del convenio entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el gobernador, Osvaldo Jaldo, reactive obras como las de la SAT y el emblemático Procrear Manantial Sur, que involucraba a 23 empresas provinciales.