En un capítulo más de la larga saga judicial entre Argentina y Burford Capital, el bufete de abogados inglés presentó una solicitud ante la Justicia estadounidense para que le transfieran el 51% de las acciones que el Estado argentino posee en YPF. Este movimiento surge como parte de un proceso legal que se extiende por más de nueve años y está actualmente en fase de apelación. La jueza Loretta Preska emitió un fallo en contra de Argentina, por la expropiación de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Burford Capital es el principal beneficiario del juicio que condenó a Argentina a pagar USD 16.000 millones. Su estrategia tiene como objetivo utilizar estas acciones como garantía debido a la falta de pago por parte del país sudamericano. Y a la ausencia de negociaciones efectivas tras la sentencia del año pasado. La jueza Preska sugirió que las acciones de YPF, que pertenecen al Estado, podrían ser utilizadas como una forma de evitar futuros embargos.

Sebastián Maril, analista de Latin Advisors, explicó que esta solicitud también abarca las acciones de YPF que están en manos de las provincias argentinas. Sin embargo, la ley de Expropiación establece que la transferencia futura de estas acciones requiere la autorización del Congreso de la Nación, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros.

El contexto de esta petición se ve influenciado por la falta de cumplimiento de una garantía que se esperaba en enero. Así como también, por la falta de diálogo con los beneficiarios del fallo. Esta situación podría llevar a Argentina a enfrentar un escenario de desacato con la corte estadounidense. Escenario similar a lo ocurrido con el juez Thomas Griesa hace casi una década. En este contexto de presiones legales y financieras, Burford Capital buscaría abrir canales de negociación para resolver este complejo litigio.