La Cámara Federal de Comodoro Py ordenó seguir investigando la compra de vacunas Pfizer durante la pandemia del coronavirus. El tribunal revocó el fallo de primera instancia del juez federal, Ariel Lijo, recientemente rechazado para integrar la Corte Suprema de Justicia. La sentencia desestimaba las denuncias por la demora en la adquisición de las dosis de la vacuna contra el COVID19 durante la pandemia. Por la presunta maniobra, se encuentran vinculados el expresidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Según los miembros de la Cámara, existen «incógnitas» respecto a las negociaciones entre el Estado y la firma. En concreto, la Justicia busca determinar si existieron coimas o negocios espurios para priorizar la inmunización con la vacuna rusa, Sputnik, en detrimento de otros laboratorios.

Revocación de la sentencia

Los jueces de la Sala I de la Cámara, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens señalaron en su resolución que las «distintas aristas reveladas por el apelante no pueden ser desestimadas sin la realización de las correspondientes medidas probatorias que diluciden esos interrogantes». «Desde esa mirada, los elementos de convicción hasta aquí colectados resultan insuficientes para adquirir un estado de certeza negativo que permita solventar la decisión adoptada. Aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer, las cuales no han sido plenamente analizadas en el curso de la investigación, sobre todo frente al ritmo que marcaron los acercamientos con otros laboratorios”, señala el fallo.

«La investigación no incursionó suficientemente en los procesos de adquisición y en las negociaciones que se llevaron a cabo con el resto de las empresas a las cuales el Estado Nacional les adquirió las vacunas con mayor antelación. Esta ausencia probatoria imposibilita descartar la existencia de supuestos tratos desiguales entre aquellos laboratorios y la empresa Pfizer”, concluyeron los jueces.

La causa

Se trata de dos denuncias presentadas en 2021. Una de un grupo de diputados nacionales y otra de familiares de cuatro personas que fallecieron por COVID-19. Tras analizar el caso, Lijo archivó las denuncias. El magistrado consideró que no había elementos de prueba para avanzar en una imputación. En esa línea, aseguró en sus argumentos que el Gobierno Nacional «emanaba voluntad política» para adquirir en tiempo y forma las vacunas Pfizer. No obstante, el fiscal federal Carlos Stornelli presentó una apelación, señalando que faltaban varias de las medidas de prueba que había propuesto. El fiscal aseguró que existía un «innegable aletargamiento» respecto a la compra de Pfizer.

«No puede soslayarse, y entiendo que sobre ello no hay de momento controversia probatoria, que las demoras registradas en la negociación con Pfizer, derivó perjudicialmente para nuestro país y en un contexto de emergencia sanitaria, en una progresiva disminución de las dosis comprometidas inicialmente, a la par de que ingresaban las de los otros laboratorios raudamente contratados”, sostuvo el fiscal.