El acceso al crédito bancario en Argentina enfrenta un obstáculo poco visible pero de gran impacto: las tasas municipales que gravan la actividad financiera. Según un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), estos tributos no solo incrementan el costo de los préstamos para familias y empresas, sino que también restringen la oferta de financiamiento, limitando el consumo, la inversión y el crecimiento económico.

La presión tributaria municipal, lejos de ser uniforme, varía ampliamente entre jurisdicciones. Esa disparidad genera desigualdad en el sistema financiero nacional y se traduce en un encarecimiento diferenciado del crédito según la región. El estudio advierte que, si no se avanza en una reforma integral, la expansión del financiamiento productivo seguirá condicionada.

Osvaldo Giordano, presidente del instituto de la Fundación Mediterránea, fue categórico: «El crédito es imprescindible para el desarrollo. Pero, si no se resuelve el problema impositivo, y en particular el de los impuestos locales, este desarrollo no va a ser posible. Lo que vemos es que esto conspira contra el crédito, y el crédito es decisivo e imprescindible para el país».

Disfuncionalidades legales y operativas

El informe señala que las tasas municipales aplicadas a la intermediación financiera presentan serias disfuncionalidades. Desde lo legal, una tasa debería corresponder a un servicio concreto y proporcional a su costo, pero en la práctica muchas ordenanzas locales funcionan como impuestos encubiertos. La Corte Suprema de Justicia ya estableció que este tipo de tributos deben estar vinculados a servicios públicos específicos, algo que rara vez se cumple.

En el plano operativo, la dispersión normativa es otro factor crítico. Más de 2.000 municipios aplican reglas distintas para calcular sus tasas, lo que obliga a los bancos con presencia en varias localidades a destinar recursos extraordinarios para interpretar y cumplir con normativas dispares. Según IERAL, este esquema eleva los costos administrativos y constituye una barrera para el financiamiento.

La consecuencia es un escenario de inseguridad jurídica que deriva en mayor litigiosidad. Bancos como el Nación ya han iniciado acciones judiciales contra municipios, obteniendo en algunos casos medidas cautelares que redujeron el impacto de estos tributos.

Impacto financiero y diferencias regionales

El relevamiento de IERAL en 51 municipios de 10 provincias reveló que la alícuota promedio de las tasas municipales asciende al 5,9% de los ingresos brutos de los bancos. En algunas ciudades la presión es mínima, pero en otras —especialmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe— supera el 7%.

Esta carga, varias veces superior a la que enfrentan otros sectores económicos, impacta directamente en el costo de los préstamos. De acuerdo con las simulaciones del estudio, un crédito productivo con tasa nominal del 35% se eleva a más del 42% al incluir los tributos locales, lo que representa un aumento superior al 20%.

Las diferencias regionales son notorias: mientras en CABA y Mendoza el impacto es menor al 10%, en municipios como La Matanza, Córdoba capital o Rosario el incremento supera el 21%. En créditos personales, que además pagan IVA, el costo financiero total puede acercarse al 50% en algunas ciudades.

Litigiosidad y necesidad de reforma

El estudio subraya además la asimetría entre bancos tradicionales y operadores digitales. Los primeros, con presencia física en múltiples localidades, deben afrontar estas cargas; los segundos, al no tener sucursales, quedan exentos de pagarlas. La situación genera ventajas competitivas desiguales y fragmenta el mercado.

IERAL advirtió que la litigiosidad crece y amenaza con escalar si no se revisa el esquema tributario. Aunque todavía no hay fallos firmes de la Corte Suprema, los primeros antecedentes muestran que varias ordenanzas municipales están en el límite de la legalidad.

En este contexto, el informe concluye que resulta «ineludible» avanzar en una reforma que unifique criterios, reduzca la dispersión normativa y se ajuste a los límites legales establecidos. De lo contrario, la carga impositiva seguirá conspirando contra el crédito, un instrumento clave para dinamizar la economía argentina.