El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a Martina Oliva, conocida mediáticamente como la “narcomodelo”, a siete años de prisión por su participación en el transporte de marihuana desde la frontera norte hacia la capital provincial. En la misma causa, su pareja Joaquín Tolaba recibió una pena de 10 años de cárcel.

La sentencia se dictó tras comprobarse que ambos participaron en el traslado de 15 kilos de marihuana en febrero de 2025. El caso tuvo fuerte repercusión pública debido al perfil de Oliva en redes sociales y al funcionamiento de la organización investigada.

El fallo del tribunal

La resolución fue firmada por las juezas María Alejandra Cataldi, Gabriela Elisa Catalano y Marta Liliana Snopek, quienes consideraron probado que la pareja actuó como coautora del delito de transporte de estupefacientes agravado.

Además de las penas de prisión, el tribunal ordenó el decomiso de una camioneta Toyota Hilux, vehículo que fue utilizado en los traslados de la droga. Según la investigación, el rodado formaba parte de la logística de la organización criminal.

Tolaba deberá cumplir la condena con prisión efectiva. En el caso de Oliva, la Justicia dispuso que continúe bajo arresto domiciliario hasta que el fallo quede firme.

La estrategia de defensa y la respuesta judicial

Durante el juicio, la defensa de Oliva intentó argumentar que la joven había sido manipulada por su pareja y que su participación estuvo condicionada por una relación afectiva. La fiscalía rechazó esa explicación y sostuvo que ambos actuaban como socios dentro del esquema delictivo.

La jueza Cataldi fue contundente al momento de fundamentar la sentencia. “El amor es un sentimiento y aquí no estamos juzgando eso, aquí se juzgan hechos”, afirmó durante la lectura del fallo.

La magistrada también cuestionó el argumento presentado por la defensa. Señaló que reducir la conducta de una mujer a un acto motivado por amor responde a una visión “patriarcal y machista” que desconoce la autonomía de las personas.

Las pruebas que incriminaron a la pareja

La investigación incluyó una gran cantidad de pruebas documentales y tecnológicas. Entre ellas se analizaron audios, conversaciones de WhatsApp, registros bancarios y seguimientos policiales.

La fiscalía sostuvo que la pareja no solo participó en el traslado por el que fueron detenidos. Según el fiscal Eduardo Villalba, los acusados habrían realizado al menos siete viajes similares entre enero y febrero de 2025 utilizando el mismo método.

Un informe de análisis criminal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) también detectó 31 viajes realizados por Tolaba entre Orán y la capital salteña. La mayoría de esos traslados terminaba en una vivienda vinculada al revendedor José Burgos, ubicada en el barrio 17 de Octubre.

El circuito del dinero

Las transferencias bancarias fueron otra de las pruebas clave del caso. Según la investigación, Burgos llegó a transferir seis millones de pesos a Oliva en una sola operación realizada el 31 de enero de 2025.

Los chats entre los acusados y el comprador también aportaron indicios relevantes. En esas conversaciones, Burgos preguntaba si la camioneta estaba cerca de llegar para preparar la entrada al domicilio y descargar la droga.

Las cámaras de vigilancia de la policía registraron el momento en que el vehículo ingresó al barrio. Pocos minutos después, la transferencia bancaria fue confirmada.

Cómo operaba la organización

La investigación reconstruyó que la banda utilizaba rutas alternativas para evitar controles policiales. En particular, elegían la ruta provincial 1, un camino más largo, oscuro y en mal estado, pero con menor presencia de fuerzas de seguridad.

Dentro del esquema, los vehículos cumplían funciones específicas. La camioneta en la que viajaban Tolaba y Oliva actuaba como “barredora”, es decir, avanzaba primero para verificar que el camino estuviera libre de controles.

Otros autos cumplían el rol de “punteros”, alertando sobre posibles operativos. Entre los integrantes de la organización también fueron identificados Ángela Cuenca, Benjamín Delgado, Juan Romero, Roberto Leiton y el propio Burgos, quienes ya recibieron condenas en acuerdos previos.

La fuga y el operativo policial

El operativo que desarticuló la organización se realizó el 5 de febrero de 2025. Durante el procedimiento, uno de los vehículos utilizados para transportar la droga intentó escapar a gran velocidad.

Según el relato policial, el conductor realizó un giro en “U” y huyó a más de 180 kilómetros por hora. Durante la persecución, los ocupantes arrojaron los paquetes de marihuana por la ventanilla.

Los bultos fueron recuperados luego en la banquina y en árboles cercanos a la ruta. En total, la carga incautada equivalía a más de 471.000 dosis destinadas al mercado ilegal.

Sospechas de lavado de dinero

La fiscalía también detectó indicios de lavado de dinero dentro del circuito investigado. Uno de los chats analizados incluía una conversación entre Tolaba y su madre, en la que mencionaba la posibilidad de abrir una carnicería.

Según la acusación, el negocio iba a utilizarse como fachada para blanquear el dinero obtenido del narcotráfico. El tribunal consideró que ese intercambio confirmaba el destino de las ganancias obtenidas por la organización.