El Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 843/2024, el cual establece una serie de cambios en los requisitos para “acceder y mantener” la Pensión “No Contributiva por Invalidez Laboral”. La modificación se llevó a delante a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Diego Spagnuolo. La medida modifica los criterios para el otorgamiento del beneficio social. De este modo, el Ejecutivo quiere poner fin al clientelismo político y la mala utilización de los recursos que el Estado destina a quienes más lo necesitan.

La iniciativa se llevó a cabo luego de escandalosas auditorías que mostraban una enorme cantidad de personas que recibían la pensión sin tener ningún tipo de afección, que vivían en el exterior, fallecidos o eran funcionarios públicos. El desvió de fondos públicos habría alcanzado los 2.000 millones de dólares anuales. Por ese motivo, según el decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Antonio Russo, la nueva normativa “representa un esfuerzo significativo del gobierno por restaurar la confianza en el sistema de pensiones y garantizar que los recursos lleguen a aquellos que realmente los necesitan”. Según el director de la ANDIS “hay beneficiarios fallecidos, que viven en el exterior, como en Grecia, o vinculados a movimientos sociales como el Evita”.

El Gobierno nacional sostuvo que «se encontró con un sistema de pensiones por invalidez poco transparente, imposible de auditar y muy susceptible al fraude». «Existían canales paralelos en la gestión y una demora tal que hacía que muchos solicitantes morían esperando su pensión. Las pensiones durante el kirchnerismo estuvieron al servicio de la política ya que se utilizaron como moneda de cambio para favores políticos, principalmente con intendentes y gobernadores. Durante este tiempo han recibido pensiones personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera tenían una condición médica de discapacidad. Muchos de ellos, incluso, trabajaban”, señaló el portavoz oficial del Ejecutivo, Manuel Adorni.

Los nuevos requisitos

  • Solo aquellas personas imposibilitadas para trabajar en forma total y permanente, en situación de vulnerabilidad socioeconómica y sin vínculo laboral formal podrán acceder a la pensión.
  • Es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y demostrar residencia en el país. Para naturalizados, se exige una residencia mínima de tres años; para extranjeros, diez años. Si el solicitante es menor de 18 años, sus padres deben tener tres años de residencia.
  • No se permite tener empleo formal ni ser titular de otras prestaciones. Para menores de edad, no debe haber parientes con obligación legal de alimentarlos, a menos que estén imposibilitados de hacerlo. También se excluye la posibilidad de contar con cónyuges o parientes que puedan brindar atención alimentaria con ingresos suficientes.
  • Las pensiones no son compatibles con la titularidad de bienes. La Agencia Nacional de Discapacidad determinará los criterios socioeconómicos necesarios para verificar este requisito.
  • Los titulares de pensiones no pueden estar detenidos ni a disposición de la justicia.