En la previa de una nueva manifestación en reclamo de aumentos en los haberes jubilatorios, el Gobierno nacional concretó una polémica medida para contrarrestar la violencia de grupos infiltrados. Además de avanzar en la detención de decenas de barrabravas que participaron en la protesta del pasado miércoles, el Ejecutivo emitió un decreto en el que se ofrece una recompensa de $10 millones a quien brinde información precisa y certera que permita identificar a personas involucradas en desmanes y agresiones a efectivos de seguridad. La medida regirá también para la marcha de hoy en el Congreso, donde se espera una concurrencia masiva en apoyo a los jubilados. En ese marco, el ministerio de Seguridad Nacional, prepara un gran operativo policial y advirtió que no habrá tolerancia ante actos delictivos.

Sistema anónimo de denuncias

La Resolución 357/2025 firmada hoy a primera hora y publicada en el Boletín Oficial establece una recompensa por datos que permitan identificar a todas aquellas personas que generen disturbios en la vía pública en las inmediaciones del Congreso, lugar donde se desarrollará la masiva protesta. “Ofrécese como recompensa, dentro del territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000), destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles, precisos y concretos que permitan identificar y lograr la captura de los autores y responsables de haber promovido disturbios y delitos en la zona del Congreso Nacional el 12 de marzo de 2025″, señala el artículo 1 del texto. Para ello, se habilitó la línea gratuita 134.

El documento lleva la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Pese a los cuestionamiento de algunos sectores, la funcionaria justificó la medida esgrimiendo que durante la última manifestación “los precitados grupos violentos, incendiaron una moto policial y un patrullero, pertenecientes a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, dañaron bienes públicos -entre los cuales se cuentan NUEVE (9) vehículos- y lesionaron a más de una docena de efectivos policiales”.

«Es vital garantizar el orden público»

«Es claro y evidente que los referidos grupos ejercieron actos de violencia de extrema gravedad, de forma premeditada y organizada, puesto que arribaron a la zona del Palacio del Congreso de la Nación munidos de instrumentos contundentes, armas blancas, armas de fuego, clavos de tipo “miguelito”, elementos para iniciar incendios, entre otros objetos inequívocamente destinados a agredir, a causar daños y a lesionar», sostuvo Bullrich en la resolución. Finalmente, el Ejecutivo remarcó la necesidad de identificar a los autores de los delitos al considerarlo “un caso de gravedad institucional con trascendencia a nivel nacional e internacional”. En este contexto, el Gobierno señaló que es de vital importancia “garantizar el orden público y estabilidad institucional”.