El Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina, lanzaron una campaña para un nuevo proyecto de ley. El objetivo es que se sancione una ley, que reconozca la autonomía de la obstétrica como una especialidad en salud. Actualmente solo es reconocida una labor auxiliar.

Ambas organizaciones aseguran que, con la regulación profesional, se podría proveer el 87% de los servicios esenciales. De esta manera, se evitarían muertes o complicaciones de personas gestantes. «Se observa que hay una enorme desigualdad entre las provincias, son pocas las que tienen leyes que estén a la altura de las recomendaciones internacionales», detalló a LV 12, Silvina Ramos, socióloga e investigadora titular de CEDES.

En esa línea, explicó que la ley que rige, data del año 1967 y que, con los cambios que ha habido durante todos estos años, debería modificarse. «Una ley que no va a hacer más que actualizar el marco normativo según los estándares internacionales. Y que el resto de los países de América Latina los tienen incorporados«, enunció la socióloga.

Además, habló de las diferencias entre las regiones, diciendo que «observa una enorme desigualdad entre las provincias. Son pocas las que tienen leyes que estén a la altura de las recomendaciones internacionales».

Desigualdad y dignificación de la tarea

«La desigualdad se traduce en discriminación, porque según donde viva la obstétrica, puede hacer algunas cosas o hacer otras. El federalismo no tiene por qué dar lugar a la desigualdad, ya que también lo es para la población y la afecta. Hay lugares donde las personas gestantes tienen ese acceso y en otros no«, explicó Ramos.

Respecto a la mirada de género, opinó que «es curioso que siendo la profesión más feminizada, sea la que no tiene reconocimiento de su autonomía. Una termina concluyendo que es discriminatorio y tiene que ver con una cuestión de género. No reconocer su autonomía, no dignificar su tarea, no permitirles hacer cosas con la seguridad que da la legalidad, francamente es discriminatorio con base a una cuestión de género«, aseveró.

Para finalizar, mencionó cómo afecta a la población, que las obstetras no tenga la autorización de colocar anticonceptivos de larga duración. Ya que ellas, sí están capacitadas para hacerlo. «Es una enorme dificultad, que se nos presenta para ser accesibles a la población. Porque si ellas no están habilitadas para hacerlo, no hay una cantidad de recurso humano especializado suficiente, que pueda responder a la demanda que hay en Argentina«, concluyó Ramos.