En la tarde del jueves, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dio dictamen sobre el proyecto de Presupuesto 2023. La reunión no estuvo exenta de polémicas pero, alcanzaron el consenso luego de una serie de modificaciones que pidieron los distintos espacios políticos.

Uno de los artículos que generó más polémica, por fuera del Congreso, fue el de incluir a los trabajadores del Poder Judicial en el régimen de Ganancias. Tanto los trabajadores, que representan el 96% del sector, como los jueces y magistrados se expresaron en contra del artículo 100. Señalaron que se intentaba avanzar sobre la justicia y convocaron a un paro de 24 horas para el próximo martes 25 de octubre.

El mismo martes 25 comenzará también el debate del proyecto en la Cámara de Diputados. La reunión iniciará a las 12:30 horas. No se prevé que haya un cuarto intermedio, por lo que se espera que la sesión dure cerca de 20 horas.

Puntos a tratar en Diputados

«Cláusula gatillo» por inflación

El Gobierno introdujo una «cláusula gatillo» por si la inflación llega a ubicarse por encima del 60%. Se busca establecer una corrección sobre cómo será la distribución de los recursos, dado que también aumentaría la recaudación.

Subsidios al transporte

Se trataba de uno de los puntos más sensibles y más reclamados por parte de los gobernadores. El ministro de Economía, Sergio Massa, llegó a un acuerdo con los gobernadores del Norte Grande para aumentar las partidas destinadas a los subsidios al transporte de pasajeros en el interior. El monto pasará de 66.000 millones a 85.000 millones de pesos «como piso». Sin embargo, existen todavía reclamos y señalan que el monto no es suficiente.

Deducciones de Ganancias de gastos en educación

Se trata de un descuento en Ganancias de hasta el 40% de gastos educativos, incluyendo cuotas de colegios privados. Incluye, además de las cuotas de escuelas privadas, los gastos escolares, como libros y materiales de estudio.

Deuda con Cammesa

Las provincias y los municipios serán solidariamente responsables de las deudas que las empresas proveedoras de energía mantengan con la empresa mayorista de distribución. Los distritos tendrán un plazo de seis meses para regularizar dichas deudas. En tanto, la secretaria de Energía establecerá una unidad de medida de valor homogénea vinculada a las transacciones por consumos que asegure el valor del crédito.