El Gobierno nacional empezó a ordenar la primera tanda de reformas que quiere discutir en el Congreso, pero el menú ya no es exactamente el mismo que había anticipado hace unas semanas. En el camino hubo proyectos que se demoraron, otros que quedaron igual y también algunas incorporaciones de último momento de parte de Javier Milei, en una jugada que combina cambios sobre la marcha con una negociación silenciosa con las provincias para conseguir respaldo parlamentario.

La Casa Rosada quiere dejar atrás una semana incómoda marcada por el ruido político alrededor de Manuel Adorni y pasar rápido a una agenda más propia. En ese esquema, Javier Milei terminó de ajustar el temario con sus ministros y puso en marcha una nueva ronda de contactos con gobernadores para evitar que el debate legislativo se trabe antes de arrancar.

El Código Penal se vuelve a demorar

Uno de los proyectos que estaba en carpeta para esta etapa y finalmente volvió a frenarse es el nuevo Código Penal. El texto venía siendo trabajado desde hacía tiempo y Mariano Cúneo Libarona había dejado una versión extensa, de más de 900 artículos, antes de dejar el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, su sucesor, Juan Bautista Mahiques, decidió revisar ese borrador antes de enviarlo al Congreso. Después de una reunión en Olivos con Milei, se resolvió reescribirlo para achicarlo y ajustar otros puntos. Así, una de las reformas más ambiciosas quedó otra vez postergada.

El oficialismo cambia de plan y avanza con leyes penales más puntuales

En lugar de empujar por ahora una reforma integral del Código Penal, el oficialismo optó por un camino más fragmentado. La idea es mandar a Diputados un paquete de proyectos con foco en delitos específicos que el Gobierno considera más urgentes o más sensibles para la opinión pública.

En esa lista aparecen nuevas penas o tipificaciones para ilícitos migratorios, estafas piramidales, viudas negras, salideras, entraderas, motochorros, daño animal, armas en las cárceles, picadas, incumplimiento de deberes alimentarios, trapitos, grooming y abuso sexual infantil. El objetivo es avanzar con iniciativas más cortas y políticamente más vendibles en el corto plazo.

Sturzenegger logró meter la “Ley Hojarasca”

Entre las incorporaciones de último momento aparece una de las iniciativas que Federico Sturzenegger venía empujando desde hace meses: la llamada “Ley Hojarasca”. El ministro de Desregulación consiguió finalmente sumarla al temario de sesiones ordinarias y convertirla en una de las apuestas del arranque legislativo.

Ese proyecto apunta a derogar cerca de 70 normas que el Gobierno considera obsoletas. Algunas, porque fueron superadas por legislación posterior; otras, porque refieren a organismos que ya no existen o a prácticas que quedaron fuera de época. En la Casa Rosada también la presentan como una herramienta para avanzar con la desburocratización y quitar del medio regulaciones que, según su mirada, ya no tienen sentido.

Qué otras reformas siguen en pie

Entre los proyectos que permanecen sin grandes cambios aparece el de propiedad privada, que incluye temas sensibles como expropiaciones, venta de tierras a extranjeros, incendios forestales y regularización dominial. Esa iniciativa ingresará por el Senado, donde el oficialismo también intenta ordenar su frente político.

En paralelo, el Ejecutivo quiere avanzar además con modificaciones a la ley de glaciares, que ya tiene media sanción, y con reformas vinculadas a discapacidad y financiamiento universitario. Es decir, el paquete mezcla seguridad, desregulación, propiedad privada y debates que ya vienen cargados de tensión social y política.

La llave sigue estando en las provincias

En la Casa Rosada tienen claro que el problema no es solo definir qué proyectos mandar, sino reunir los votos para aprobarlos. Por eso, mientras se terminan de pulir los textos, el oficialismo volvió a activar una ronda de conversaciones con gobernadores.

Esa tarea quedó en manos de Diego Santilli, que retomó sus viajes por distintas provincias. En las últimas semanas se reunió con Claudio Poggi, Ignacio Torres y Alfredo Cornejo, entre otros. La estrategia es empezar por mandatarios aliados o dialoguistas y después ampliar el mapa, con excepción de los gobernadores más enfrentados con el Gobierno, como Axel Kicillof, Gildo Insfrán o Ricardo Quintela.

El oficialismo quiere cerrar acuerdos antes de que arranque 2027

En el Gobierno creen que esta ventana de negociación no va a durar demasiado. El cálculo político es que hacia fines de este año la discusión por las presidenciales de 2027 empezará a comerse el resto de la agenda. Y eso puede volver mucho más difícil cualquier acuerdo con las provincias.

Por eso buscan acelerar. La intención es dejar encaminadas las reformas más importantes antes de que cada gobernador se encierre en la defensa de su propio territorio. Y el Congreso empiece a moverse con lógica más electoral que legislativa. En la mesa política libertaria admiten que muchos mandatarios van a desdoblar elecciones locales. Pero creen que todavía hay un margen para cerrar apoyos antes de que todo quede contaminado por la campaña.