La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares y selló una modificación profunda sobre cómo quedarán resguardadas, desde ahora, las zonas glaciares y periglaciares del país. El proyecto obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, y quedó listo para pasar al Poder Ejecutivo, que deberá decidir su promulgación.

La discusión no giró solo alrededor de una norma técnica. Lo que quedó en juego fue el modo en que se define qué áreas deben preservarse por su valor hídrico y cuáles podrían quedar habilitadas para actividades productivas, en especial en provincias con fuerte interés minero. Allí apareció el corazón del cambio: la protección ya no será amplia y general como hasta ahora, sino que quedará atada a la comprobación de una función hídrica concreta o relevante.

Qué cambia en la protección de glaciares y ambiente periglacial

La ley original, sancionada en 2010, había establecido un resguardo más extenso sobre glaciares y ambientes periglaciares, considerados estratégicos para el agua, la biodiversidad, la investigación científica y el turismo. También alcanzaba a los llamados glaciares de escombros, que en muchas regiones cumplen un papel importante en la regulación hídrica y coinciden, además, con territorios de interés extractivo.

Con la reforma aprobada esta semana, ese alcance se achica. A partir de ahora, la protección específica quedará concentrada en aquellas áreas que sean consideradas esenciales para el recurso hídrico. Eso implica que zonas antes alcanzadas por la cobertura general de la ley podrían quedar afuera si no se prueba esa función. En términos prácticos, el cambio abre la puerta a que en algunos sectores puedan autorizarse emprendimientos que antes quedaban directamente vedados.

Más poder para las provincias y menos centralidad del control nacional

Otro de los puntos centrales de la reforma es el nuevo reparto de atribuciones. El oficialismo empujó un esquema que les da mayor margen a las provincias para determinar sus propios criterios de protección, algo que venían reclamando distritos con actividad minera o con proyectos de expansión en carpeta.

En ese rediseño, el IANIGLA, que hasta ahora tenía un rol central en la identificación científica de glaciares y geoformas periglaciares, pierde protagonismo en la toma de decisiones. Su función pasará a ser más registral, mientras la intervención concreta sobre qué se protege y qué no tendrá un peso más fuerte en manos provinciales. Para el Gobierno, ese giro fortalece el federalismo ambiental y corrige interpretaciones que considera arbitrarias. Para los sectores críticos, en cambio, introduce fragmentación y discrecionalidad en una materia que hasta ahora se regía por un estándar nacional más uniforme.

Del sistema de prohibiciones a la evaluación caso por caso

La nueva norma también cambia la lógica con la que se analizaban las actividades en estas zonas sensibles. Antes regía un sistema más basado en prohibiciones generales. Ahora, el eje se traslada hacia procedimientos de evaluación de impacto ambiental, que serán los que definirán si un proyecto puede o no avanzar.

Ese corrimiento altera el espíritu preventivo que había marcado la ley original. En lugar de una protección estructural y anticipada, el nuevo texto instala una defensa más condicionada, revisable y sujeta al análisis de cada caso. Los cuestionamientos de expertos y organizaciones ambientales apuntan justamente a ese punto: temen que la nueva redacción debilite la seguridad jurídica de los reservorios de agua dulce y exponga áreas delicadas a una presión productiva creciente.

Mientras tanto, el oficialismo defiende la reforma con el argumento de que no elimina controles, sino que los reorganiza. Sostiene que los glaciares y geoformas periglaciares incluidos en el inventario seguirán protegidos bajo el principio precautorio hasta que la autoridad competente determine si cumplen o no las funciones exigidas por la nueva norma. Recién entonces, si se concluye que no tienen ese valor hídrico, dejarán de estar alcanzados por esa protección específica, aunque seguirán bajo el paraguas general de otras leyes ambientales.

Una discusión que recién empieza

La votación en Diputados cerró una etapa legislativa, pero difícilmente clausure el conflicto. La reforma ya dejó abierto un choque entre dos visiones. De un lado, quienes sostienen que hacía falta darles más margen de maniobra a las provincias y ajustar el alcance de la ley a criterios más concretos. Del otro, quienes advierten que el cambio puede vaciar de contenido una herramienta creada para preservar reservas estratégicas de agua en un contexto de presión creciente sobre los recursos naturales.

Más allá de la letra jurídica, la discusión de fondo sigue siendo política y territorial. La nueva Ley de Glaciares redefine hasta dónde llega la protección y quién decide sobre ella. Y en un país donde el agua, la minería y el desarrollo provincial chocan cada vez más seguido, esa frontera está lejos de ser menor.