El ministro de Economía, Luis Caputo, incorporó una nueva estimación de ingresos por privatizaciones dentro del programa financiero previsto para 2026 y 2027. Según el esquema presentado por el equipo económico, el Gobierno espera obtener US$ 800 millones durante 2026 y otros US$ 1.500 millones en 2027. En total, la proyección oficial apunta a reunir US$ 2.300 millones para reforzar la caja del Tesoro.

La cifra marca una corrección respecto de la estimación que el propio Caputo había mencionado en abril, cuando calculó ingresos por unos US$ 2.000 millones entre privatizaciones y concesiones. El ajuste no modifica el sentido general del plan, pero sí muestra una recalibración de montos y plazos. La apuesta oficial combina activos energéticos, transporte ferroviario, empresas públicas y concesiones estratégicas.

Energía, uno de los ejes del plan

Entre los activos que aparecen en el radar figuran las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, ambas controladas parcialmente por la estatal Enarsa. La primera cuenta con una participación estatal del 65,01%, mientras que en la segunda la tenencia llega al 68,83%. Cada una tiene una capacidad cercana a los 800 MW y, según estimaciones del BICE, podrían valuarse en torno a US$ 400 millones.

El proceso, sin embargo, enfrenta obstáculos. Los socios privados, entre ellos Central Puerto, AES y Pampa Energía, cuentan con derecho de preferencia para igualar eventuales ofertas. Ese mecanismo puede limitar la competencia y reducir el margen para que ingresen nuevos jugadores al negocio.

Otro punto sensible es la valuación de los activos. El precio depende de los ingresos futuros que puedan generar las centrales, pero esa proyección quedó atravesada por los cambios en las reglas de remuneración del mercado eléctrico. En una segunda etapa, Enarsa también prevé incorporar a la lista las centrales Almirante Brown y Vuelta de Obligado, aunque esos activos continúan sujetos a fideicomisos con vencimientos posteriores.

Hidroeléctricas, trenes y AySA

El Gobierno también incluyó una nueva etapa de concesiones hidroeléctricas. En ese grupo aparecen Los Nihuiles, Diamante y Pichi Picún Leufú, con una potencia instalada conjunta relevante para el sistema eléctrico. La administración libertaria ya había sumado ingresos por procesos previos vinculados al sector, incluida la venta de participación accionaria en Transener y la licitación de centrales del Comahue.

En transporte, el proceso de Belgrano Cargas aparece entre los más complejos. El esquema prevé separar tres activos: la concesión de vías, la venta de material rodante y el alquiler de talleres de reparación. La concesión ferroviaria no generaría liquidez inmediata para el Tesoro, ya que las empresas asumirían compromisos de inversión de mediano y largo plazo.

La venta de locomotoras y vagones, en cambio, podría aportar recursos más rápidos. Ese material fue tasado en torno a US$ 500 millones y se revalorizó por la falta de stock disponible en el mercado internacional. Según el esquema previsto, el pago se realizaría en cuotas, con un anticipo inicial y desembolsos posteriores vinculados al avance de obras.

AySA avanza e Intercargo sufrió un traspié

Entre todos los procesos, AySA aparece como uno de los más avanzados y con mayor interés del mercado. El plan oficial contempla vender el 90% de las acciones de la compañía, con una primera etapa destinada a transferir al menos el 51% del capital a un operador privado. El 10% restante quedaría en manos de los empleados mediante el Programa de Propiedad Participada.

El Gobierno busca recaudar alrededor de US$ 500 millones con esa operación. Entre los interesados mencionados figuran el empresario José Luis Manzano y Sabesp, la empresa brasileña de gestión de agua y residuos con sede en San Pablo. La privatización de la compañía de agua y saneamiento forma parte de los activos que el equipo económico considera relevantes para reforzar el financiamiento.

El caso de Intercargo mostró un escenario distinto. Tras dos prórrogas, la licitación para vender el 100% del paquete accionario de la empresa de asistencia en tierra no recibió ofertas. El precio base era de US$ 45 millones, pero el proceso quedó sin interesados en la apertura de sobres.

El listado de activos también incluye a Tandanor y Casa de Moneda, aunque sin cronograma definido. La primera se dedica a la reparación y mantenimiento de buques, mientras que la segunda tiene a su cargo tareas de impresión y producción vinculadas al Estado. Con ese paquete, el Gobierno busca sumar recursos para su programa financiero y mostrar una fuente adicional de dólares hacia 2027.