La Corte Suprema de Justicia ordenó concentrar en el Juzgado Federal N°12 de la Ciudad de Buenos Aires dos expedientes vinculados a la estafa de Generación Zoe, un entramado investigado por presuntos fraudes financieros y captación de fondos en distintos puntos del país. Con la decisión del máximo tribunal, las actuaciones quedarán bajo la órbita del juez Julián Ercolini, con el objetivo de evitar investigaciones paralelas y avanzar sobre un mismo esquema delictivo.

La resolución apunta a unificar causas que se tramitaban en distintos fueros. Por un lado, el expediente que se inició en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, donde se investigaba la intermediación financiera no autorizada, y que luego pasó al fuero federal tras un planteo respaldado por la Procuración. Por el otro, la investigación que seguía en la justicia penal económica, centrada en una presunta oferta pública e intermediación financiera irregular en el mercado de capitales.

Dos líneas de investigación, una misma estructura

En una de las causas, la jueza Liliana Alliaud procesó a Leonardo Cositorto como presunto jefe de una asociación ilícita, atribuyéndole 1.095 hechos de estafa. En ese marco, la hipótesis judicial sostiene que la organización montó una estructura societaria que se presentaba como una empresa próspera, y que ofrecía cursos y servicios vinculados al coaching, el trading y el “liderazgo”, usados —según el expediente— como fachada para captar dinero de particulares.

Además, se prometían oportunidades de inversión en supuestos criptoactivos y negocios inmobiliarios. Entre los argumentos comerciales difundidos por el holding, se mencionaba como respaldo la existencia de minas de oro, un punto que —según consta en la investigación— nunca fue acreditado.

La denuncia en penal económico y la modalidad piramidal

La segunda causa había sido impulsada en el fuero penal económico a partir de una denuncia presentada por Julieta Petracchi. Y que apuntó contra responsables de Generación Zoe y Julieta Bentos por presunta asociación ilícita, estafa e intermediación financiera.

De acuerdo con la presentación, Petracchi relató que en diciembre de 2021 fue contactada a través de su hermana por Bentos, quien se presentaba como trader en operaciones con criptomonedas. La denunciante entregó USD 3.000 para invertir en un proyecto inmobiliario vinculado a la firma, recibió luego USD 100 como único retorno. Y no volvió a percibir dividendos, lo que derivó en la denuncia.

En ese expediente, el juez del Juzgado Penal Económico N°9 sostuvo que el episodio denunciado encajaba en una maniobra de mayor alcance, con rasgos de estafa piramidal. La captación de dinero se habría sostenido con promesas de beneficios que no se materializaban, alimentadas por el ingreso de nuevos aportantes.

Condenas en el interior y causas abiertas

Cositorto permanece detenido y, según se consignó, acumula dos condenas firmes por asociación ilícita y estafas reiteradas. Una en Corrientes y otra en Salta, ambas con pena de 12 años de prisión. En paralelo, enfrenta procesos en Córdoba —donde se concentra el expediente más grande—. Además de actuaciones en Santa Fe y Buenos Aires, ahora bajo el Juzgado Federal N°12.

En diciembre pasado, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó por unanimidad las condenas dictadas en la ciudad de Goya. Fueron 12 años para Cositorto y 8 años para Maximiliano Javier Batista, Miguel Ángel Echegaray y Lucas Damián Camelino, todos con prisión efectiva.

El fallo original había sido emitido el 25 de febrero de 2025 por el Tribunal de Juicio de la II Circunscripción Judicial. Y que también dispuso la continuidad de la prisión preventiva por riesgo procesal y gravedad de los hechos. En esa sentencia, Javier Sebastián Medina y Nicolás Ismael Medina resultaron absueltos, decisión que motivó recursos de casación de la fiscalía y la querella.