La Corte Suprema de Justicia resolvió que se realice el juicio oral y público contra un grupo de sindicalistas del gremio de Camioneros, acusados de haber bloqueado en mayo de 2021 la planta de la empresa Química Oeste. El fallo revierte los sobreseimientos previos y habilita la continuidad de la causa.

El caso se originó el 10 de mayo de 2021, cuando un grupo de afiliados al Sindicato de Camioneros llegó a las puertas de la empresa en Esteban Echeverría y bloqueó el ingreso y la salida de camiones, impidiendo también el trabajo de empleados y clientes. Según la denuncia del empresario Carlos Dos Reis, los manifestantes instalaron una bandera de la delegación Monte Grande y advirtieron: «De acá no sale nadie, acá no se mueve nadie».

Durante varios días, la protesta derivó en pérdidas millonarias para Química Oeste y afectó al sector petrolero por la falta de insumos. La querella, representada por la abogada Florencia Arietto, calificó la medida de fuerza como «un reclamo laboral inventado» para forzar el encuadramiento sindical.

La trama judicial

El conflicto llegó a los tribunales con denuncias por extorsión, turbación de la propiedad e impedimento de trabajo. Entre los imputados figuran Néstor Fabián Arévalo, secretario general de la delegación Monte Grande, y otros dirigentes y empleados señalados como responsables de las amenazas y los bloqueos.

En primera instancia, el juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora elevó la causa a juicio. Sin embargo, la Cámara de Apelación y Garantías revocó esa decisión y dictó el sobreseimiento, al considerar que no se había demostrado un ataque directo a la posesión del inmueble. La querella apeló, pero tanto el Tribunal de Casación Penal como la Suprema Corte bonaerense rechazaron el planteo.

El fallo de la Corte Suprema

Con la queja presentada, el expediente llegó al máximo tribunal. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que las instancias anteriores habían incurrido en una interpretación arbitraria sobre el derecho a huelga y la afectación de garantías constitucionales como el derecho al trabajo y a la propiedad privada.

El fallo citó como antecedente el caso «Uzcátegui Matheus», en el que se cuestionó el «injustificado rigor formal» de la Justicia al desestimar pruebas relevantes. Con esa base, la Corte ordenó avanzar hacia el juicio oral.

Lo que viene

Con esta resolución, el expediente volverá a tramitarse y los sindicalistas de Camioneros deberán enfrentar un juicio oral y público. La decisión representa un precedente en el debate sobre los límites entre la protesta sindical y el respeto a los derechos constitucionales de terceros.