La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York dispuso que avancen en paralelo los cuatro procesos judiciales que enfrenta la Argentina por la expropiación de YPF. La medida eleva la tensión legal del país en Estados Unidos y complica la estrategia del Gobierno, que ya anticipó que podría recurrir a la Corte Suprema.

Las causas incluyen dos apelaciones previas y dos fallos recientes dictados por la jueza Loretta Preska, quien condenó a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de la petrolera y a afrontar reclamos de bonistas que no ingresaron a la reestructuración de deuda en 2016.

El primer expediente —denominado «operación primaria»— fue presentado por el gobierno de Alberto Fernández en 2023 para frenar la condena a pagar más de USD 16.000 millones tras la demanda impulsada por Burford Capital. La segunda es la llamada «operación secundaria», liderada por la ONG estadounidense Republican Action for Argentina (RAFA), que pidió desestimar el fallo por presuntas irregularidades en la expropiación de 2012.

A estas causas se sumaron la semana pasada dos nuevas resoluciones: una amplía el alcance del fallo original en favor de Burford Capital y otra da lugar a un reclamo del fondo Bainbridge Fund, que exige la cesión de activos de YPF como forma de cobro por títulos impagos.

La respuesta del Gobierno

En medio de este escenario, el equipo legal de la Argentina presentó este jueves dos escritos ante la Corte de Apelaciones, solicitando que se suspenda la ejecución del fallo antes del 14 de julio. Advirtieron además que, de no obtener una respuesta favorable, acudirán a la Corte Suprema de los Estados Unidos.

«El gobierno continuará defendiendo la soberanía nacional en todas las instancias posibles», señalaron fuentes oficiales. La representación jurídica está a cargo del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, uno de los bufetes más prestigiosos de Manhattan.

Los fallos adversos en Nueva York no solo suman presión sobre las reservas del Banco Central, sino que también entorpecen la estrategia internacional del presidente Javier Milei, quien busca reforzar la imagen de un país confiable para las inversiones. La amenaza de embargos sobre activos de YPF también despierta preocupación entre potenciales socios del sector energético.

Sebastián Maril, especialista en litigios internacionales y CEO de Latam Advisors, fue categórico: «Tener cuatro operaciones paralelas en la misma corte, por el mismo caso, es un papelón. Esto le cuesta millones tanto a la Argentina como a los Estados Unidos».

Rumbo a la Corte Suprema

El camino hacia el máximo tribunal estadounidense es incierto: la Corte Suprema recibe miles de pedidos cada año y acepta revisar apenas un puñado. Mientras tanto, el pedido de “stay” —es decir, la suspensión de la ejecución— aún no fue resuelto por Preska.

La causa central gira en torno a la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar en 2012 el 51% de las acciones de YPF sin realizar una oferta pública a los accionistas minoritarios, tal como exigía el estatuto de la empresa. La falta de cumplimiento derivó en la histórica condena de septiembre de 2023.