Luego de que se cumpliera un año del cierre del Mercado del Norte, ex puesteros declararon padecer consecuencias económicas y hasta psicológicas. Esto se debe al hecho de que no tienen ganancias luego de lo que fue el traslado hasta el nuevo local ubicado en inmediaciones de la plazoleta Dorrego. Según el municipio capitalino, se necesitaría una inversión de $1.500 millones para restablecer el establecimiento ubicado en la intersección de calles Maipú y Mendoza.

En esa línea, el secretario de Ingresos Municipales, Claudio Viña admitió que “el mercado de la plazoleta Dorrego obviamente no tiene las características que tenía el Mercado del Norte, pero se trató de contemplar a los puesteros más pequeños y que más lo necesitaban. Es cierto que nadie está bien económicamente, pero algunos propietarios tenían otras sucursales, tenían una estructura mejor. Entonces se trató de solucionar la situación de los que tenían solamente ese puesto, fue esa la prioridad”.

En lo que respecta a los rumores de un posible proyecto para la reconstrucción del mercado y su licitación, autoridades municipales ratificaron que no hay planes a corto plazo y que lo que están haciendo son obras para salvaguardar la estructura. “Lo que se está haciendo no son obras sino una especie de apuntalamiento para que las estructuras que estaban muy deterioradas no cedan. Más aún con los movimientos sísmicos que pueden haber complicado la falla que ya tenía”, afirmó Viña.

El funcionario resaltó que desde la intendencia ven la necesidad de volver a poner en marcha el mercado, ya que forma parte de la historia de Tucumán. “Requiere de una inversión concreta por arriba de los 1.500 millones de pesos. Se necesita de un inversor externo o de un préstamo fuera del presupuesto del municipio” remarcó. También se expresó acerca del descontento que manifiestan los puesteros.

Al respecto, dijo que “el municipio no tomó una medida de castigo ni fue algo decidido unilateralmente. El edificio estaba por colapsar. Y la Justicia ordenó su desalojo porque era realmente peligroso para la vida y salud de los trabajadores y clientes. Es cierto que estuvieron allí por años sin pagar ningún cargo, sin tener ningún decreto o elemento que les dé alguna concesión. Estaban por la antigüedad y permanencia pero no por una concesión formalmente otorgada como corresponde a todo espacio público. Lo que no quiere decir que se tomó esa decisión por eso, no es que se vulneró derechos; lógicamente todos quieren trabajar” puntualizó.