En medio de la expectativa por el eventual remate de propiedades de Cristina Kirchner, condenada en la causa Vialidad, se desató un conflicto institucional entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema por el manejo de los bienes recuperados de delitos.

La Corte había aprobado en julio un reglamento que le reservaba el registro y administración de estos activos, incluyendo un sistema online para subastas judiciales a partir del 1° de octubre. Sin embargo, el presidente Javier Milei firmó el DNU 575/2025, publicado este miércoles, que crea el Consejo de Bienes Recuperados bajo la órbita del Ministerio de Justicia y le otorga la potestad de conservar, administrar y disponer de los bienes.

Un conflicto de competencias

Hasta la publicación del DNU, los jueces federales enviaban informes a la Corte para que decidiera sobre la administración de bienes decomisados. Ahora, con la superposición de normas —una acordada del máximo tribunal frente a un decreto presidencial—, los magistrados aguardan definiciones judiciales para saber a quién reportar.

En la Casa Rosada sostienen que “decreto mata acordada” y argumentan que la centralización en el Ministerio de Justicia garantizará mayor transparencia y orden. Desde el Poder Judicial, en cambio, interpretan que el Ejecutivo avanza sobre facultades propias establecidas por ley.

El caso Vialidad como telón de fondo

El cruce ocurre el mismo día en que venció el plazo para que Cristina Kirchner y otros condenados depositaran los US$ 530 millones fijados por el tribunal como decomiso. Nadie realizó el pago, lo que allana el camino para el remate de sus propiedades.

Mientras el Gobierno busca que la Agencia de Administración de Bienes del Estado actúe como órgano rector, la Corte mantiene su plan de remates electrónicos con anonimato de postores, participación ciudadana y control público. También fijó que los bienes y lo recaudado sean recursos específicos del Poder Judicial, con posibilidad de asignarlos a su funcionamiento u otras reparticiones que acrediten interés público.