Alberto Fernández y Héctor Martínez Sosa compartieron mucho más que una amistad cercana. Entre 2010 y 2019, el entonces abogado y futuro presidente le facturó servicios profesionales a la empresa del broker asegurador que, tiempo después, se vería envuelto en la polémica por la trama de los seguros. La última factura registrada tiene fecha del 6 de diciembre de 2019, apenas cuatro días antes de la asunción presidencial.

El dato surge de un informe de 662 páginas elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a pedido del juzgado federal que investiga las maniobras con seguros en organismos públicos. La documentación fue incorporada formalmente a la causa la semana pasada.

Más de $4 millones en facturación

De acuerdo con el informe de la PROCELAC, Fernández le facturó un total de $4.257.000 a Héctor Martínez Sosa S.A., incluyendo retenciones por Impuesto a las Ganancias y por honorarios como síndico o director de sociedades anónimas. En 2019, el último año antes de asumir como presidente, emitió facturas por $1.422.000.

Además de esa relación comercial directa, el expresidente también facturó a Austral Consulting S.A., otra firma vinculada al mismo grupo, por montos mensuales menores entre 2014 y 2017. Sancor Seguros figura como otro de sus clientes, con un abono mensual registrado entre 2011 y 2012.

El contexto judicial

El caso volvió a tomar impulso tras el cambio de juez. Sebastián Casanello reemplazó a Julián Ercolini, quien dejó el juzgado en febrero cuando ya se habían tomado todas las indagatorias. Casanello decidió revisar toda la documentación y no apurar una definición sobre los procesamientos.

Una de las líneas de investigación se centra en el acceso a los teléfonos secuestrados. Hay 40 dispositivos aún sin desbloquear: 30 están bajo análisis de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y 10 requieren actualizaciones de software del sistema UFED. Entre los equipos pendientes figura el de Daniel “El Gordo” Rodríguez, exintendente de la quinta de Olivos y figura clave en el entorno presidencial.

Ese teléfono fue hallado en una propiedad de Martínez Sosa, ubicada cerca del shopping Unicenter. Allí vivía Rodríguez cuando intentó alejarse del radar judicial tras el estallido del caso.

Diálogos, seguros y Cancillería

Desde el inicio del expediente, los celulares fueron pieza central. El más comprometedor fue el de María Cantero, pareja de Martínez Sosa y exsecretaria de Alberto Fernández. En sus chats se encontraron conversaciones con la entonces primera dama Fabiola Yañez y mensajes directos con el propio Fernández. Uno de los más relevantes alude a la gestión de seguros en la Cancillería: “Ya me ocupo”, escribió el expresidente.

Al declarar en la causa, Fernández intentó explicar la frase: dijo que llamó al canciller Santiago Cafiero para advertirle que alguien podría estar queriendo colocar un asesor de seguros por conveniencia. Según su versión, la intención era frenar una maniobra irregular y evitar intermediarios.

El avance del expediente

Casanello solicitó a la Cancillería toda la documentación relacionada con la decisión administrativa del 7 de junio de 2023, cuando se dio de baja a la firma Net Broker como intermediaria ante Provincia ART. El objetivo es reconstruir el recorrido de los contratos y determinar si existió tráfico de influencias.

Mientras tanto, el informe de la PROCELAC profundizó la sospecha de una relación comercial consolidada entre Fernández y Martínez Sosa, que ahora podría jugar un papel clave en la causa judicial.