Los titulares de las cámaras de la Construcción de Tucumán y Catamarca se mostraron en contra de que el Estado desfinancie las obras públicas. Sus declaraciones ocurren tras los anuncios del Presidente electo, Javier Milei. Hace unos días, el libertario afirmó que “nosotros no tenemos plata, sí déficit fiscal. Con lo cual, las obras (en ejecución) pueden ser entregadas y que las termine el sector privado. Que los intendentes busquen la forma de financiarlo”.

Jorge Garber, presidente Cámara Tucumana de la Construcción (CTUC), expresó: «Vemos un dejo de inaplicabilidad en esas afirmaciones. Primero, no se puede dejar un cementerio de obras en todo el territorio nacional porque significa no darle valor a todo lo que se ha hecho. Y segundo, la obra pública no es un gasto, es una inversión. En todo lo que se ha venido haciendo hay cuestiones que son de carácter muy necesario».

En relación al escenario tucumano, indicó que solicitaron una reunión con el gobernador Jaldo para analizar el futuro de las obras en ejecución. Como, por ejemplo, el nuevo penal de Benjamín Paz, que albergará a 1.000 detenidos y tiene un avance de un 50%. Hasta el momento ninguna obra pública se paralizó, aunque sí hay demoras. “La construcción está en baja, no hay prácticamente inversión privada nueva, no se están ejecutando nuevos emprendimientos. Y si se retira el Estado nos vamos a un escenario de conflicto laboral porque el gremio de la construcción, UOCRA, tiene 700.000 obreros activos en todo el país”, señaló Garber.

El empresario sostuvo que entiende la necesidad de terminar con el déficit fiscal, “pero debe ser un esfuerzo compartido”, dijo. Advirtió, no obstante, que si se avanza en el desfinanciamiento se abriría un escenario de conflicto judicial. “Esto es un contrato de partes, de locación de obras. Hay una ley en el medio que es la Ley de Obras Públicas. Nosotros no estamos haciendo una obra porque un intendente o un gobernador nos dijo ‘pónganse a hacer una ruta’. Hay un contrato. Si el Estado no paga es moroso ante la empresa, ahí se generará un estado de conflicto y tendrá que dirimir la Justicia porque la empresa tiene también sus derechos».