La Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de Mariana Rivadeneira, avanza con las investigaciones. Se totalizaron un máximo de doce amenazas de bomba a diferentes establecimientos educativos, el día de ayer. Por esta razón, se propuso un nuevo protocolo de seguridad. Se inspeccionarán antes y después del inicio de clases las instalaciones, para evitar las evacuaciones innecesarias.

Hasta el momento, se realizaron cinco audiencias de formulación de cargos donde fueron imputadas seis personas por el delito de intimidación pública. De las cuales, cuatro quedaron detenidas con prisión preventiva, entre ellas, una alumna de 18 años. “Hay que concientizar a la comunidad que estos actos son un delito, no se trata de una broma. Por esta razón, como política criminal, vamos a ser indolentes con este tipo de accionar porque nadie puede ignorar el enorme perjuicio que provoca”, expresó la fiscal Rivadeneira.

La Fiscal señaló que hay cerca de 70 causas abiertas, y que en los próximos días continuarán las imputaciones. “Este es el inicio, son las primeras de muchas intimaciones y formulaciones de cargos, previstas contra aquellas personas relacionadas con los hechos”. Desde la fiscalía explicaron que, de ser hallados culpables, la escala penal prevista por este tipo de actos va desde los 2 a 6 años de prisión cuando no se constatare la existencia de explosivos. Y, si los hubiere, la pena asciende hasta los 10 años.

Para finalizar, enfatizó el grave perjuicio que se les provoca a los alumnos y al Estado, este tipo de accionar. “Estamos ante hechos graves que alteran el orden público y que, además, afectan grandes recursos del estado al poner en marcha el procedimiento de evacuación (movilización de personal de tránsito, bomberos, ambulancia y agentes estatales)”.

Pedido a las escuelas en casos de amenazas

La fiscal instó a las instituciones educativas a colaborar con las investigaciones. “No basta solo con poner en conocimiento una situación de este tipo o quedarse solo con las denuncias. Las instituciones tienen el deber de comunicar cualquier dato que tengan acerca de los hechos, ya que omitir información podría recaer en el delito de encubrimiento”, enfatizó.