El miércoles pasado, el Poder Judicial rechazó la petición presentada por un centenar de colegios privados que buscaban realizar un aumento en sus cuotas. El pedido había sido presentado en marzo, cuando los responsables de los colegios afirmaron que necesitaban aumentar los aranceles para evitar pérdidas.

La titular de la Sala 1° de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, María Florencia Casas, denegó la medida cautelar presentada por los colegios, argumentando que la cuestión requería un análisis más detallado y que excede el ámbito cautelar. 

Tras esta situación, el delegado Episcopal de Educación en el Arzobispado de Tucumán, Daniel Nacusse, comentó que la jueza no ha rechazado el amparo como tal, sino que rechazó la medida cautelar, porque sostiene que no es una herramienta adecuada para resolver una situación tan profunda. “Queremos rescatar sobre la respuesta de la Jueza que ella se da cuenta que la situación es muy grave y que afecta al bien común, es muy compleja, por lo que necesita tener otro ámbito otro ámbito de resolución y es lo que nosotros venimos diciendo. Es grave y ese otro ámbito de resolución sigue siendo el Ministerio de Educación”, explicó el referente. 

El delegado sostuvo que la situación es difícil, y los incrementos siguen siendo necesarios. También mencionó que en el próximo mes, debería producirse un nuevo aumento, ya que habrá un incremento en los sueldos docentes, no con la misma magnitud que en marzo, pero hay un aumento definido por paritarias.

En cuanto a una solución, Nacusse explicó que para ellos “tiene que ver fundamentalmente con  establecer un sistema claro de bandas y una gestión clara de cómo después eso se aplique en los aumentos”. Además explicó que el sistema de “bandas” fue una alternativa que utilizó la Nación en los años 90. El mismo permite una flexibilidad en la que cada colegio, de acuerdo a su propia oferta, se ajusta al sistema. “Nosotros pensamos que el sistema de bandas tiene que ser reflotado y para eso es necesario el espacio de diálogo entre ambas partes, el Ministerio de Educación y el sector privado” expresó el delegado, quien también señaló que, si ese diálogo no resulta sencillo, no descartan buscar mediaciones. 

Por su parte, Bernardo Beltrán, representante de Sadop, expresó que debería  encontrarse una fórmula para salvar la situación de las instituciones privadas, y que “hay una divergencia significativa entre lo que expresan como necesidad los propietarios y los números que manejan las autoridades provinciales del sector”. 

Por otro lado, recientemente se hicieron oír reclamos de padres que dicen que al momento de abonar la cuota de sus hijos, recibieron un pedido de bono contribución obligatorio, aparentemente en compensación de la falta de aumento. Beltrán, reconoció tener conocimiento de esta situación, y lo definió como “un recurso al que recurrieron muchos colegios para salvar la situación”.  Además, explicó que estas medidas no sólo no resuelven el conflicto latente, sino que provocan ruido en la relación entre las familias y las instituciones educativas. Frente a esto, nuevamente destacó la urgencia de una política que alivie la situación del sector privado.

Por otro lado, el referente de Sadop, también mencionó que hay un pedido de suspensión de clases debido a la proliferación de casos de dengue en la Provincia. “Solicitamos se realice un relevamiento formal y sistemático de la realidad que vive el sector educativo en cuanto al nivel de contagios en las instituciones y las condiciones de las mismas para afrontar la epidemia del dengue. A partir de esto definir acciones concretas, una de las cuales podría ser la suspensión temporal de las clases presenciales” comunicó. Desde Sadop, plantean implementar la modalidad virtual durante este tiempo. La medida sería aplicada hasta que la situación se estabilice, para evitar un escenario de mayores contagios.