El Presidente de la Fundación Inclusiva Productiva, Carlos María de los Santos, presentó un proyecto que plantea la desaparición física de los pesos argentinos. El objetivo es dar paso a una nueva moneda digital: el Peso Argentino Digital (PAD). Según la iniciativa, ayudaría enormemente a disminuir la actual situación de déficit fiscal.

En ese sentido, el empresario defendió su postura y explicó: «El Peso Argentino Digital permitiría que todas las transacciones sean detectadas y registradas. Hoy la evasión tributaria ronda el 50%. De esta forma, se eliminarían los billetes y monedas en circulación, y se llevaría todo a saldos bancarios«. De los Santos hizo hincapié en que, además de eliminarse el déficit fiscal, se podría alcanzar un superávit del 15 al 20%. Esto permitiría que bajen los impuestos, y la gente pueda producir y consumir. Se trataría de «una herramienta para el crecimiento, el desarrollo sostenible y con inclusión«.

El sistema financiero también se vería beneficiado, debido a que podría inclinarse hacia un mercado proactivo. Es decir, un mercado donde el ahorrista sería resguardado con tasas positivas para no recurrir a inversiones especulativas, y que así pueda conseguir créditos accesibles para la economía real. 

Cuáles serían las ventajas del Peso Argentino Digital (PAD)

  • Se puede implementar desde el sistema financiero, lo que permitiría una inmediata instrumentación que utilizaría las estructuras y tecnología que poseen los bancos.
  • No requiere emisión monetaria.
  • No implica costos para el Estado.
  • Direccionaría el circulante monetario hoy en poder del público y los bancos, a créditos de consumo, capital de trabajo e inversiones productivas, públicas y privadas.
  • El recupero del circulante monetario actual por parte del sistema financiero, y la creación contable-crédito originada por esos fondos, permitiría triplicar la capacidad crediticia de los bancos.
  • Todos los movimientos monetarios quedarían registrados, por lo que se eliminaría la evasión impositiva. Así, se podría lograr una mayor recaudación sin nuevos tributos y ajustes, regularizando el mercado laboral informal y redistribuyendo la carga tributaria actual hacia la producción y el consumo.
  • No se contrapone a políticas y/o exigencias que limiten el financiamiento por parte de organismos públicos y privados nacionales e internacionales.