Nicolás Augusto Navarro Flores fue condenado este miércoles a tres años de prisión de cumplimiento efectivo tras admitir su responsabilidad en el encubrimiento del femicidio de Érika Antonella Álvarez. La sentencia fue dictada mediante un acuerdo de juicio abreviado que también incluyó una reparación económica de $100 millones para la familia de la víctima.

La resolución fue alcanzada en una audiencia de la Unidad Fiscal de Homicidios I, encabezada por Pedro Gallo. Navarro Flores, de 37 años, reconoció ser autor material y penalmente responsable del delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave.

El acuerdo fue firmado entre el Ministerio Público Fiscal, el imputado y su defensa técnica, con la conformidad de la querella. Además de la pena de prisión efectiva, el condenado ofreció una reparación económica de $100 millones a los familiares de Érika Álvarez, la joven de 25 años cuyo cuerpo fue encontrado el 8 de enero de este año en un basural de Manantial Sur.

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma remarcó la gravedad del caso y sostuvo que se trató de «un hecho brutal, en el cual se dio muerte a una mujer de apenas 25 años». También destacó que el cuerpo fue «arrojado en un basural en bolsas de residuo», una circunstancia que consideró especialmente agraviante para la dignidad de la víctima.

La representante del Ministerio Público Fiscal valoró la colaboración que Navarro Flores brindó durante la investigación al declarar en dos oportunidades. Sin embargo, aclaró que esa actitud no disminuía su responsabilidad, ya que no se presentó de manera voluntaria ante la Justicia y fue detenido el 25 de febrero tras una investigación desarrollada por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

Las pruebas que permitieron la condena

Al fundamentar la sentencia, el juez Bernardo L’Erario Babot sostuvo que las pruebas reunidas demostraron que la participación de Navarro Flores comenzó después del homicidio y estuvo orientada a ocultar evidencias y favorecer la impunidad del autor del crimen.

Entre los principales elementos de prueba mencionó el análisis de comunicaciones telefónicas realizado por la Dirección de Análisis Criminal del ECIF, que detectó múltiples contactos entre Felipe Sosa y Navarro Flores durante las horas posteriores al asesinato. Además, el estudio del impacto de antenas ubicó ambos teléfonos celulares en la misma zona correspondiente al domicilio de Sosa.

A esas evidencias se sumaron registros de cámaras de seguridad analizados por el ECIF, donde se observó el ingreso al inmueble de una motocicleta con características compatibles con la perteneciente al condenado.

Tras evaluar todas las pruebas, el magistrado declaró admisible el acuerdo de juicio abreviado. La sentencia quedó firme porque todas las partes renunciaron a presentar recursos de apelación.

Cómo fue el encubrimiento del femicidio de Érika Álvarez

De acuerdo con la investigación, Felipe Sosa asesinó a Érika Álvarez durante la madrugada del 7 de enero de 2026 en una vivienda ubicada sobre calle Santo Domingo al 1100, en Yerba Buena. La autopsia determinó que la joven murió como consecuencia de un traumatismo cráneo-facial y cervical provocado por una violenta agresión.

La Fiscalía sostuvo que, tras el crimen, Sosa comenzó a comunicarse telefónicamente con Navarro Flores. A las 9.06, el ahora condenado llegó al domicilio en motocicleta y permaneció allí alrededor de 20 minutos.

Más tarde, cerca de las 22, regresó al lugar en una camioneta Toyota Hiace. Según la acusación, permaneció en la vivienda junto a Sosa y Justina Gordillo hasta las 23.48, momento en que se retiró con dos bolsas que le entregó el principal acusado y de las que posteriormente se deshizo.

Para los investigadores, esas maniobras fueron determinantes para ocultar el cuerpo de Érika Álvarez, eliminar rastros del crimen y colaborar para que Sosa intentara eludir la investigación judicial.

La causa principal continúa su trámite contra Felipe Sosa, imputado por femicidio; Justina Gordillo, acusada de encubrimiento agravado por actuar con ánimo de lucro y por su condición de funcionaria pública; y Jorge Orlando Díaz, también imputado por encubrimiento agravado.