La investigación por presuntas maniobras fraudulentas en la Legislatura de Neuquén sumó nuevos imputados y más cargos contra la ex vicegobernadora Gloria Ruiz. El fiscal Juan Narvaez amplió la acusación en una audiencia en la que también fueron incorporadas otras cuatro personas al expediente. La causa analiza contrataciones irregulares y posibles perjuicios millonarios contra el Estado provincial.

El juez de garantías Juan Manuel Kees dispuso un cuarto intermedio para completar la audiencia, ya que todavía resta escuchar a las defensas. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, la Fiscalía también debe presentar un nuevo hecho antes de que el magistrado defina si avala la formulación de cargos. La investigación ya había tenido un avance importante con la condena de Pablo Ruiz, hermano de la ex vicegobernadora y ex coordinador de la Casa de las Leyes.

Nuevas imputaciones en la causa

Los nuevos imputados fueron identificados como S. R., P. A. S., P. S. y M. A. C.. Además, la Fiscalía amplió las acusaciones contra la ex secretaria de Cámara María Isabel Ricchini y la ex prosecretaria administrativa Élida Noemí Sánchez. Todas las maniobras son investigadas como administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

Uno de los puntos centrales apunta a la contratación directa de la firma Big Sur Marketing. Según la acusación, S. R., socio gerente de la empresa, habría tenido una colaboración clave para concretar una contratación por vía de excepción. La Fiscalía sostiene que esa operación provocó un perjuicio de $45.012.000 y evitó los mecanismos de selección previstos por la normativa provincial.

El fiscal Narvaez también incorporó contrataciones vinculadas con servicios gráficos y publicitarios. En ese tramo, se investigan 16 operaciones adjudicadas a P. A. S. por un total de $45.482.688,05. Según el planteo fiscal, los trabajos se realizaban antes de iniciar los trámites administrativos y luego se buscaba legitimar los pagos.

Una maniobra con contratos y servicios inexistentes

Otro de los hechos bajo investigación apunta a la continuidad de P. S. como jefe del área de prensa de la Legislatura, pese a que había sido dado de baja. De acuerdo con la acusación, habría seguido cumpliendo funciones a través de la contratación de M. A. C., su pareja. El contrato la vinculaba formalmente con tareas de asesoramiento legislativo.

El MPF sostuvo que M. A. C. no habría realizado los servicios por los que fue contratada. Para la Fiscalía, la maniobra permitió canalizar pagos hacia P. S., quien no podía ser proveedor del Estado por su condición de ex funcionario. Entre julio y noviembre de 2024, la Legislatura habría transferido $19.503.000 por prestaciones inexistentes.

La causa investiga presuntas irregularidades ocurridas durante la gestión de Gloria Ruiz al frente de la Legislatura neuquina. El equipo de Delitos Económicos, integrado también por Tanya Cid y Facundo Bernat, sostiene que las maniobras causaron un perjuicio millonario al Estado provincial. La próxima definición quedará en manos del juez Kees, que deberá resolver si acepta los nuevos cargos y los plazos de investigación.