Carlos Telleldín volvió a resistir el decomiso de los USD 400.000 que recibió en 1996 con fondos reservados de la ex SIDE. Ese pago fue considerado ilegal por la Justicia, ya que se realizó para que el ex reducidor de autos ampliara su declaración e involucrara a un grupo de policías bonaerenses en la investigación por el atentado a la AMIA. Ahora, la Cámara Federal de Casación deberá resolver si avanza la búsqueda de bienes para ejecutar la devolución del dinero.

El caso forma parte del expediente por las irregularidades cometidas durante la investigación del ataque terrorista del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos en la sede de Pasteur 633. Telleldín fue absuelto como partícipe necesario del atentado en dos juicios orales. Sin embargo, en 2019 quedó condenado a tres años y seis meses de prisión por peculado, en una causa que también alcanzó al ex juez federal Juan José Galeano.

El pago que derrumbó la acusación contra los policías

Durante la investigación original, Telleldín declaró que había entregado la camioneta Trafic utilizada como cochebomba a cuatro policías bonaerenses. Años después se comprobó que esa declaración estuvo atravesada por un pago de USD 400.000 proveniente de fondos reservados del Estado. La revelación de esa maniobra fue clave para la absolución de los acusados en el primer juicio oral por la supuesta conexión local del atentado.

Ex agentes de inteligencia, relevados de guardar secreto, contaron ante el Tribunal Oral Federal 3 cómo se instrumentó el pago. Según esa reconstrucción, la operación se hizo a instancias de Galeano, entonces juez de la causa. Ese episodio quedó como una de las irregularidades más graves de la investigación judicial del ataque a la AMIA.

La Justicia busca recuperar el dinero

El Tribunal Oral Federal 2, que condenó a Telleldín por peculado, ordenó decomisar los USD 400.000. Aunque la sentencia quedó firme, el dinero todavía no volvió al Estado nacional. Por eso, el juez de ejecución Jorge Gorini rechazó los planteos de nulidad, prescripción y extinción del decomiso presentados por la defensa.

La resolución habilitó una investigación patrimonial amplia para rastrear bienes que puedan ser ejecutados. A pedido de la Unidad Fiscal AMIA, el tribunal ordenó levantar el secreto bancario, financiero, fiscal y bursátil de Telleldín, de familiares y de allegados. El objetivo es reconstruir movimientos económicos desde la fecha en que recibió el dinero hasta la actualidad.

El planteo de Telleldín

La defensa sostuvo que la pesquisa patrimonial carece de sustento legal y que la acción para ejecutar el decomiso estaría prescripta. También alegó una imposibilidad material para cumplir con la sanción porque no habría bienes identificables vinculados con aquel pago. El tribunal rechazó esos argumentos por considerarlos «manifiestamente infundados».

Los jueces recordaron que el decomiso no se limita al dinero entregado originalmente. También puede alcanzar bienes que hayan reemplazado esos fondos o ganancias derivadas de ellos. Para el tribunal, al tratarse de dinero, no es necesario seguir el recorrido exacto de cada dólar desde 1996, sino establecer una relación razonable entre el producto del delito y el patrimonio detectado.

La definición queda en Casación

Tras el rechazo de sus planteos, Telleldín apeló y llevó el caso ante la Cámara Federal de Casación. Ese tribunal deberá definir si confirma la decisión del TOF 2 y permite avanzar con el rastreo patrimonial. Mientras tanto, la Unidad Fiscal busca información en organismos como el Banco Central, la ARCA y la Comisión Nacional de Valores.

El expediente vuelve a poner en foco una de las maniobras que más dañó la investigación del atentado a la AMIA. Treinta años después del ataque, la Justicia todavía intenta recuperar el dinero público utilizado para direccionar una declaración falsa. La decisión de Casación será clave para saber si el Estado puede ejecutar finalmente el decomiso ordenado por sentencia firme.