El Senado aprobó un proyecto que avala un acuerdo entre el Estado argentino y dos acreedores holdouts por USD 171 millones. La iniciativa obtuvo 40 votos a favor y 22 en contra, y ahora deberá ser tratada por Diputados antes de que finalice junio. El entendimiento involucra a Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, dos fondos con sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense.

Según el texto aprobado en la Cámara alta, ambos acreedores aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas. En caso de que Diputados sancione la ley, el Estado argentino pagará USD 67 millones a Bainbridge Ltd. y USD 104 millones a Attestor Value Master Fund LP. El plazo legislativo será clave, ya que la fecha límite del acuerdo fue postergada hasta el cierre del corriente mes.

Qué contempla el acuerdo

El convenio contempla el mecanismo internacional de «Entrega contra Pago» (DVP), que prevé la liberación de los fondos al mismo tiempo que se cancelan los bonos. Además, los acreedores asumirán los costos legales derivados del litigio y quedarán alcanzados por una cláusula de «standstill». Esa disposición les impedirá iniciar nuevas acciones judiciales o interferir en operaciones financieras argentinas mientras se completa la operación.

En el mensaje enviado al Congreso, el Gobierno sostuvo que la aprobación permitiría finalizar investigaciones abiertas sobre bienes argentinos en el exterior. El documento fue firmado por Javier Milei, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí se mencionan los procesos de «Discovery» vinculados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos del país.

El respaldo del oficialismo

Desde el oficialismo defendieron el acuerdo como una vía para cerrar litigios pendientes vinculados con la deuda argentina. El senador libertario Agustín Monteverde, titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, aseguró que se trata de «los últimos dos acreedores de relevancia que le quedan al país». También afirmó que el entendimiento «extingue los dos principales litigios pendientes de la República» y que, luego de esta operación, prácticamente no quedarían holdouts con sentencias a favor.

El senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero también respaldó el proyecto y sostuvo que el tema no debía ser tratado como un simple trámite administrativo. Durante su intervención, afirmó que el país necesitaba cerrar una etapa vinculada al aislamiento financiero y a la pérdida de acceso al crédito. En la misma línea, Guillermo Andrada, integrante de Convicción Federal, acompañó el dictamen al considerar que el acuerdo implica un ahorro para la Argentina.

Los cuestionamientos opositores

El kirchnerismo rechazó el proyecto y cuestionó la política de endeudamiento del Gobierno nacional. Jorge Capitanich pidió explicaciones sobre las reservas de oro del Banco Central y apuntó contra los compromisos financieros asumidos por la gestión libertaria. A su vez, Fernando Salino sostuvo que, si el país debe pagar, debería priorizar a las provincias, las universidades, los jubilados y las personas con discapacidad.

Por su parte, José Mayans anticipó que su bloque no acompañará iniciativas de este tipo hasta que Manuel Adorni brinde su informe de gestión en el Senado. El legislador formoseño calificó el proyecto como una discusión menor frente al nivel de endeudamiento del país. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quedó a cargo del cierre del debate antes de la votación.

La definición queda en Diputados

Tras la media sanción en el Senado, el expediente quedó en manos de la Cámara de Diputados. El oficialismo deberá reunir los votos necesarios antes del vencimiento previsto para fines de junio. Si el texto se convierte en ley, el Gobierno avanzará con la cancelación de los pasivos litigiosos y buscará cerrar los procesos judiciales abiertos en Estados Unidos.

Después de esa votación, el Senado también aprobó otros proyectos vinculados con la Justicia Federal. Entre ellos, avaló la creación de una nueva sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, impulsada por el radical Maximiliano Abad. También avanzó una iniciativa sobre organización de salas y la creación de un cargo de juez de Cámara en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.