El expresidente del Banco Central Miguel Pesce declaró como testigo en la causa Seguros, a pedido de la defensa de Alberto Fernández. El expediente investiga al exmandatario por presuntas negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público, en torno a la contratación de pólizas de organismos estatales a través de Nación Seguros. Ante las preguntas de la abogada Mariana Barbitta, Pesce defendió la razonabilidad del decreto 823/2021 y lo vinculó con la necesidad de ahorrar recursos públicos.

Durante su declaración, el ex titular del Central sostuvo que la pandemia de COVID-19 tuvo un fuerte impacto sobre la actividad económica y la recaudación. En ese contexto, planteó que se “potencia la razonabilidad del decreto para resguardar las divisas” y “para ahorrar recursos públicos”. También afirmó que el Estado Nacional podía sentirse “más seguro” contratando con Nación Seguros que con privados, con el objetivo de evitar reaseguros innecesarios en el exterior.

La defensa del decreto 823/2021

El decreto bajo análisis impulsaba que las pólizas destinadas a empleados de organismos públicos fueran contratadas a través de Nación Seguros. Para la defensa de Fernández, esa decisión formó parte de una política orientada a beneficiar las cuentas públicas. Por eso, pidió la testimonial de Pesce, con el objetivo de reforzar la idea de que la medida tenía una justificación económica.

Pesce aclaró que no es especialista en el mercado asegurador, aunque explicó que ciertos niveles de riesgo pueden exigir reaseguros en el exterior. Mencionó como ejemplos casos vinculados con destilerías, aeronaves, catástrofes agropecuarias o sequías. En su declaración, sostuvo que recurrir a una compañía estatal podía servir para ordenar esas contrataciones y evitar gastos que la administración considerara innecesarios.

Los testigos pedidos por Alberto Fernández

La defensa del expresidente también solicitó la declaración testimonial del exministro de Economía Martín Guzmán. El pedido apunta a reconstruir el contexto económico en el que se dictó el decreto cuestionado. La estrategia busca sostener que la norma tuvo un sentido fiscal y administrativo, más allá de las sospechas que investiga la Justicia.

En paralelo, el juez federal Ariel Lijo suspendió la declaración de Santiago Cafiero, que estaba prevista para una próxima audiencia. La decisión respondió a un planteo del fiscal Carlos Rívolo, quien advirtió que correspondía evaluar posibles vinculaciones del excanciller con la contratación de seguros. Ante la posibilidad de que deba ser citado como imputado, se postergó su testimonio bajo juramento.

Qué investiga la causa Seguros

El expediente analiza un presunto esquema de corrupción en la contratación de pólizas por parte de distintas reparticiones públicas. La hipótesis judicial sostiene que el decreto 823/2021 habría habilitado a Nación Seguros a intervenir en esas operaciones y a designar intermediarios y compañías privadas. En ese marco, se investiga si existió direccionamiento y si hubo beneficios indebidos para personas cercanas al expresidente.

Entre los nombres bajo la lupa aparecen el bróker Héctor Martínez Sosa, amigo de Alberto Fernández; su esposa y ex secretaria, María Cantero; y el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano. Según la investigación, las comisiones percibidas por ese grupo habrían alcanzado los $2.200 millones. Ese monto representaría el 59,6% de las comisiones pagadas a intermediarios por pólizas emitidas a entes estatales entre 2019 y 2023.

La nueva etapa de la investigación

La causa volvió a tomar impulso después de que un fallo de Casación dejara sin efecto el procesamiento de Alberto Fernández y ordenara profundizar la investigación. El tribunal pidió evaluar si existe prueba suficiente para sostener las imputaciones. A partir de esa decisión, el juez Lijo y el fiscal Rívolo deberán volver a analizar la prueba ya reunida y la que sumen las partes.

La declaración de Pesce se inscribe en esa nueva etapa procesal. Su testimonio busca apuntalar la versión de la defensa sobre el sentido económico del decreto. Ahora, la Justicia deberá determinar si esa explicación alcanza para despejar las sospechas o si la contratación de seguros estatales funcionó como parte de una maniobra irregular.