Sergio Schoklender pidió ampliar su declaración indagatoria en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos, en la que se investiga un presunto fraude con fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo solicitó al Tribunal Oral Federal N°5 que le permita volver a hablar ante los jueces. La causa analiza el supuesto desvío de más de $200 millones que debían ser utilizados en obras habitacionales.

Schoklender ya había declarado al inicio del debate oral y ahora busca hacer uso nuevamente de su derecho de defensa. Está acusado como uno de los presuntos responsables del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En el expediente también están imputados su hermano Pablo Schoklender, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exsubsecretario Abel Fatala.

Los acusados en la causa

El juicio tiene nueve imputados. Además de los hermanos Schoklender y los exfuncionarios nacionales, también están procesados Daniel Nasif, Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin. En estos últimos casos, la acusación los ubica como partícipes secundarios de la maniobra investigada.

La hipótesis de la fiscalía sostiene que al menos $206 millones fueron desviados hacia empresas, bienes y gastos personales vinculados a los Schoklender y su entorno. Ese dinero debía destinarse a obras del programa Sueños Compartidos, impulsado para construir viviendas sociales en distintos puntos del país. Los proyectos incluían la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Bariloche, Rosario y municipios bonaerenses como Almirante Brown, Tigre y Ezeiza.

Qué había dicho Schoklender

En su primera declaración, Schoklender apuntó contra el funcionamiento político de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Según afirmó, la entidad actuaba como un aparato militante del kirchnerismo por decisión de Hebe de Bonafini, fallecida en 2022. También sostuvo que los recursos vinculados a las obras se utilizaban para movilizar personas a actos y eventos políticos.

Durante esa indagatoria, el exapoderado afirmó que Bonafini estaba “extremadamente cooptada” por dirigentes del kirchnerismo. También dijo que, mientras Néstor Kirchner vivía, el programa tenía respaldo político y los pagos no se demoraban. Según su versión, después de la muerte del expresidente “la cosa se desbandó”.

Los testimonios del juicio

En una de las últimas audiencias declaró el exdiputado nacional Hipólito Faustinelli, quien recordó su paso por la presidencia de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Contó que en 2007 se realizaron audiencias para conocer los alcances del programa Sueños Compartidos, con la participación de varios intendentes. Uno de los puntos que más le llamó la atención fue el uso de un sistema constructivo que, según se informó entonces, permitía reducir un 30% los costos frente al método tradicional.

Faustinelli señaló que desde el Congreso se remitió un informe al juzgado de instrucción que llevaba Marcelo Martínez de Giorgi. Ese documento reunía lo tratado en las reuniones de comisión sobre el programa de viviendas. Su declaración se sumó a otros testimonios que buscan reconstruir cómo se administraron los fondos y cómo se ejecutaron las obras.

La denuncia de una beneficiaria

También declaró Miriam Aquino, representante de una asociación barrial que figuraba como beneficiaria de viviendas sociales. La mujer relató que, después de un incendio que destruyó 460 casillas en el asentamiento Villa Cartón, Schoklender se presentó durante la noche con custodia. Según su testimonio, les pidió crear una entidad para avanzar con la reconstrucción de las viviendas.

Aquino afirmó que, pese a que el convenio había sido rescindido, más adelante aparecieron documentos con su firma que ella denunció como supuestamente falsificados. Su declaración apuntó a uno de los aspectos más sensibles del caso: el vínculo entre los fondos públicos, las asociaciones beneficiarias y las obras que debían mejorar las condiciones de vida en barrios vulnerables. El tribunal deberá evaluar esos testimonios junto con la prueba documental incorporada al debate.

Una causa de alto impacto político

Sueños Compartidos es una de las causas judiciales más resonantes vinculadas al manejo de fondos públicos durante el kirchnerismo. El programa había sido presentado como una política para construir viviendas sociales a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Con el avance de la investigación, el expediente pasó a centrarse en el destino final del dinero y en la responsabilidad de quienes intervinieron en la administración de esos recursos.

El nuevo pedido de Schoklender abre otra instancia dentro del debate oral. Si el tribunal autoriza la ampliación de indagatoria, el exapoderado podrá volver a exponer su versión frente a los jueces. Mientras tanto, el juicio continuará con la producción de prueba y los testimonios previstos para determinar si existió una maniobra de defraudación contra el Estado.