El Gobierno de Santa Fe anticipó que judicializará los casos de las familias que no paguen las intimaciones económicas aplicadas tras amenazas de tiroteos en escuelas. La medida fue confirmada por la vocera provincial, Virginia Coudannes, en medio de la discusión por las multas millonarias impuestas a responsables de adolescentes identificados por mensajes intimidatorios. La decisión se tomó en un contexto de fuerte preocupación institucional tras el asesinato de Ian Cabrera, un estudiante de 13 años, dentro de una escuela de San Cristóbal.

La administración santafesina sostiene que cada amenaza activa operativos de seguridad, intervención educativa y recursos estatales que deben ser asumidos por quienes provocan esas situaciones. Según informó Infobae, el Ejecutivo provincial ya cuenta con 39 expedientes abiertos y notificó a 19 familias. En los casos donde no haya pago o exista una negativa formal, los expedientes serán enviados a la Justicia.

El Gobierno defendió las intimaciones

Coudannes afirmó que la derivación judicial forma parte del procedimiento previsto por la provincia. La vocera señaló que quienes no abonen las intimaciones quedarán comprometidos en una causa judicial, donde deberán responder por el impacto generado. También sostuvo que la política adoptada permitió reducir de manera marcada la cantidad de amenazas registradas en establecimientos educativos.

Desde el Gobierno santafesino indicaron que las medidas fueron efectivas tanto por el trabajo de las comunidades educativas como por la intervención del Ministerio de Educación y la investigación penal. En los últimos reportes, las autoridades señalaron que solo se registraron nuevos casos aislados en Rosario y en la ciudad de Santa Fe. Para la provincia, ese descenso confirma que las intimaciones económicas funcionaron como herramienta de prevención.

El cuestionamiento de las familias

La postura oficial fue cuestionada por el abogado Rodolfo Mingarini, quien representa a una familia que rechazó el pago de la intimación. El letrado sostuvo que no existe una base legal suficiente para cobrar esas sumas y planteó que el Gobierno no detalló el costo real de los operativos. También advirtió que no se puede aplicar una multa sin una ley previa que establezca ese mecanismo.

Mingarini argumentó que no se trata de un incumplimiento contractual ni de un daño derivado de un delito comprobado. Según su planteo, una disposición administrativa no alcanza para imponer montos millonarios a las familias. Esa discusión será uno de los puntos que deberá resolver la Justicia santafesina si los expedientes avanzan.

La respuesta de la Provincia

Coudannes respondió que los operativos demandan recursos públicos financiados por todos los santafesinos. La funcionaria sostuvo que las amenazas no pueden ser tratadas como simples bromas, especialmente después de un hecho de violencia extrema dentro de una escuela. También remarcó que el Estado debe garantizar seguridad y contención a estudiantes, docentes y familias cuando se activa una alerta.

La vocera cuestionó los planteos que relativizan el costo de las intervenciones estatales. Según afirmó, cada amenaza deja a una comunidad educativa en situación de vulnerabilidad y obliga a movilizar personal, tiempo y recursos. Bajo ese criterio, la Provincia buscará sostener las intimaciones y defender su validez ante los tribunales.

Una discusión que seguirá en la Justicia

El conflicto abre una discusión sobre los límites de la responsabilidad familiar frente a amenazas realizadas por adolescentes. El Gobierno santafesino plantea que debe existir una consecuencia económica y judicial cuando una conducta obliga al Estado a desplegar operativos de emergencia. Las familias cuestionadas, en cambio, podrán discutir si el cobro tiene sustento legal y si los montos reclamados están debidamente justificados.

Con los expedientes listos para avanzar, la Justicia deberá definir el alcance de las medidas impulsadas por la Provincia. La resolución tendrá impacto en futuras respuestas frente a amenazas escolares y en la forma de distribuir los costos de los operativos estatales. Mientras tanto, Santa Fe mantendrá su política de intimaciones como parte de una estrategia para frenar mensajes intimidatorios en escuelas.