La jueza federal Sandra Arroyo Salgado volvió a referirse a la muerte de Alberto Nisman y sostuvo que existen vínculos entre sectores de inteligencia y una empresa de Río Turbio. La magistrada habló durante una exposición ante socios del Rotary Club de Buenos Aires, en una charla centrada en investigaciones complejas y credibilidad judicial. En ese marco, afirmó que la Justicia ya avanzó sobre una primera conclusión: que el fiscal fue asesinado por sectores vinculados al poder.

Arroyo Salgado señaló que será difícil llegar a determinar todas las responsabilidades detrás del caso. Según planteó, hay trascendidos sobre posibles autores materiales que apuntan a una conexión entre miembros de servicios de inteligencia y una empresa de Río Turbio. Sus declaraciones volvieron a instalar el foco sobre las líneas de investigación que buscan reconstruir qué ocurrió antes del hallazgo del cuerpo del fiscal.

La investigación por la muerte de Nisman

La causa está delegada en la fiscalía federal de Eduardo Taiano y funciona a través de una dependencia especial fuera de Comodoro Py. El equipo trabaja bajo la coordinación del auxiliar fiscal Hernán Kleiman, con funcionarios judiciales dedicados desde hace años a las principales líneas del expediente. La investigación busca esclarecer la actuación de personas vinculadas al mundo de la inteligencia en los días previos a la muerte del fiscal.

La hipótesis central apunta a la posible intervención de sectores de inteligencia militar que habrían actuado por fuera de sus funciones legales. Esa línea se analiza en relación con la denuncia que Nisman había presentado contra Cristina Kirchner, funcionarios y otros acusados por supuesto encubrimiento del atentado contra la AMIA. El fiscal fue encontrado muerto en su departamento de las torres Le Parc, en Puerto Madero, con un disparo en la cabeza.

El rol de los agentes de inteligencia

Uno de los objetivos de la Justicia es determinar qué hacía un pequeño grupo de agentes de inteligencia del Ejército en las inmediaciones del departamento de Nisman. Según la investigación, esos movimientos se registraron durante el fin de semana previo al hallazgo del cuerpo. Esa presencia forma parte de las líneas que todavía intenta reconstruir la fiscalía.

Hasta el momento, el único procesado en la causa es Diego Lagomarsino, técnico informático y colaborador del fiscal. Está señalado como supuesto partícipe por haber sido el dueño de la pistola Bersa calibre 22 de la que salió el disparo. En un primer momento, Lagomarsino afirmó que Nisman lo había llamado para pedirle el arma, aunque la investigación determinó que la primera comunicación entre ambos había partido de él.

Críticas al funcionamiento judicial

Durante su exposición, Arroyo Salgado también habló sobre los desafíos de la Justicia frente a la criminalidad actual. La jueza sostuvo que la virtualidad intensificada después de la pandemia transformó la forma en que se cometen delitos y se ejerce poder. A partir de ese diagnóstico, advirtió que las instituciones fueron diseñadas para otro contexto y no están respondiendo con eficacia a las nuevas modalidades delictivas.

La magistrada mencionó como ejemplo el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles. Según explicó, esa situación permite que personas privadas de libertad continúen cometiendo delitos desde los penales. Por eso propuso que una reforma del Código Penal contemple también la privación de la “libertad virtual”, además de la libertad física.

Corrupción, narcotráfico y crimen organizado

Arroyo Salgado también se refirió al avance del narcotráfico, la corrupción estructural y el terrorismo como amenazas que tensionan a las instituciones. En su análisis, la Justicia argentina mantiene una deuda importante en la investigación de delitos complejos. La jueza sostuvo que esa dificultad se vuelve evidente cuando el sistema debe enfrentar organizaciones criminales con capacidad económica, tecnológica y territorial.

Sobre la corrupción, planteó que el fenómeno no puede pensarse solo desde el comportamiento de los funcionarios públicos. En esa línea, afirmó que detrás de un funcionario corrupto también existe un civil que lo corrompe. Para la magistrada, se trata de un problema institucional y social que involucra a distintos actores y que exige respuestas judiciales más modernas.