La Cámara Federal porteña deberá resolver qué juez continuará al frente de la investigación por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios del gobierno de Javier Milei, legisladores y beneficiarios con vínculos políticos. El conflicto de competencia quedó en manos del camarista Eduardo Farah, integrante de la Sala II del tribunal de apelaciones. La causa busca determinar si existieron beneficios indebidos o incumplimientos normativos en la entrega de préstamos para vivienda.

La disputa judicial se originó después de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti pidiera a Ariel Lijo que se apartara del expediente y le remitiera la investigación. La magistrada sostuvo que el caso debía tramitar junto con una denuncia presentada en su juzgado por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade y el diputado socialista Esteban Paulón. Lijo rechazó el planteo y defendió su competencia, al señalar que la denuncia bajo su órbita fue presentada antes y ya cuenta con requerimiento de instrucción.

La disputa entre los juzgados

El camarista Farah deberá definir si la investigación queda en el juzgado de Lijo, pasa al de Capuchetti o si las denuncias continúan por separado. La decisión será relevante porque puede ordenar el avance de una causa con múltiples denunciados, documentación bancaria y posibles responsabilidades dentro del Banco Nación. También permitirá establecer si los expedientes investigan un mismo conjunto de hechos o si corresponden a líneas distintas.

En el expediente que tramita ante Lijo ya se ordenaron medidas de prueba solicitadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita. Entre ellas, se dispuso una auditoría a cargo de la Auditoría General de la Nación para revisar la forma en que fueron otorgados los créditos. La AGN deberá analizar si hubo irregularidades, trato preferencial o beneficios incompatibles con las normas de la entidad bancaria.

Qué deberá revisar la auditoría

La investigación apunta a créditos hipotecarios otorgados desde diciembre de 2023 a funcionarios, legisladores y otras personas vinculadas al ámbito político. Entre los beneficiarios mencionados figuran Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Emiliano José Mongilardi, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde, Alejandro Bongiovanni, Sharif Menem, María Frías y Alejandro Carrancio, entre otros. Algunos de los préstamos denunciados habrían alcanzado montos equivalentes a USD 350.000.

El juez Lijo pidió al Banco Nación la entrega de legajos completos de los créditos investigados. También solicitó registros de ingreso de los beneficiarios, evaluaciones crediticias, informes técnicos y documentación vinculada a las operaciones. La causa busca establecer si los préstamos cumplieron con los procedimientos habituales o si existieron excepciones que favorecieron a determinados solicitantes.

Los posibles delitos bajo análisis

Las denuncias mencionan posibles delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes. Entre los señalados aparecen el ex titular del Banco Nación, Daniel Tillard, y Juan Curuchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central. La investigación no solo se concentra en los beneficiarios, sino también en quienes pudieron intervenir en la aprobación o gestión de los créditos.

Pollicita impulsó la pesquisa para determinar si hubo “privilegios indebidos” en perjuicio de las arcas del Banco Nación. En ese marco, pidió conocer el número total de créditos hipotecarios otorgados a empleados y funcionarios de la administración pública nacional, organismos descentralizados, entes autárquicos y legisladores nacionales. La información deberá incluir cantidad de préstamos, montos comprometidos, evaluaciones crediticias y copias de las escrituras traslativas de dominio.

Una causa con impacto político

El expediente quedó atravesado por el perfil de los beneficiarios y por el rol del Banco Nación como entidad pública. La investigación deberá precisar si los créditos fueron concedidos bajo las mismas condiciones que enfrentan otros solicitantes o si hubo criterios especiales para personas con llegada política. Esa diferencia será uno de los puntos centrales para evaluar si existió una maniobra irregular.

La definición de la Cámara Federal ordenará el mapa judicial de la causa antes de que avance la producción de prueba. Si el expediente queda unificado en un solo juzgado, la investigación podrá concentrar documentación, auditorías y testimonios bajo una misma dirección. Si las denuncias siguen separadas, cada magistrado conservará su propia línea de análisis sobre los créditos otorgados por el Banco Nación.